El Congreso de los Diputados, por un lado, y el Tribunal Supremo y el Constitucional, por otro, han evidenciado sus discrepancias en torno a dos sentencias en menos de un mes, lo que ha puesto de manifiesto un choque inusual entre dos poderes del Estado.

Primero fue la sentencia que calificó de inconstitucional la suspensión de la actividad del Congreso durante las primeras semanas del primer estado de alarma la que levantó asperezas en la Mesa del Congreso, que había tomado esa decisión al inicio del confinamiento y siguiendo recomendaciones sanitarias.

Y en las últimas horas ha sido la sentencia del Tribunal Supremo que condena a pena de cárcel conmutable por una multa al diputado de Podemos Alberto Rodríguez por un delito de atentado a agentes de la autoridad, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.

Una sentencia que la Mesa del Congreso, apoyada en un informe de los letrados de la Cámara, ha ejecutado manteniendo el acta a Rodríguez pese a los reproches y duras críticas del PP, Vox y Ciudadanos que aluden a otros fundamentos jurídicos.

Lo cierto es que la pugna entre dos poderes del Estado se ha hecho evidente en medio de las negociaciones que PSOE y PP están llevando a cabo para renovar los órganos constitucionales, entre ellos el Tribunal Constitucional, al que precisamente acuden habitualmente el PP y Vox para recurrir las leyes del Gobierno.

Ambos partidos, presentes en la Mesa del Congreso -con 3 miembros entre los dos-, critican que la mayoría formada por PSOE y Unidas Podemos decidiera en su momento suspender el Congreso durante el confinamiento o que intente "salvar" el escaño de uno de sus diputados en contra del criterio del Supremo.

En este último sentido, Ciudadanos -que no tiene voz ni voto en la Mesa del Congreso al no tener representación- coincide en el reproche de que los partidos que conforman la coalición quieran dar carta de naturaleza a un delito que es "impactante" para que Alberto Rodríguez "pueda seguir cobrando un sueldo".

De momento la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se enfrenta al requerimiento que le ha hecho el Tribunal Supremo para que le remita el informe sobre la fecha de inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación impuesta a Alberto Rodríguez para la liquidación de su condena.

El escrito es interpretado por los partidos de la derecha como una aclaración de la sentencia del alto tribunal, después de que los servicios jurídicos del Congreso consideraran que el diputado podía mantener su escaño dado que la pena de cárcel había sido sustituida por una multa, ya abonada.

Según este informe, la condición de diputado de Rodríguez no queda afectada porque no concurre "ni la causa de incompatibilidad sobrevenida contemplada en el apartado 2 en relación con el apartado 4 del artículo 6 de la Loreg", ni los artículos del Reglamento del Congreso -21 y 22- que explican cuando un diputado pierde su condición.

De nuevo un pulso entre el Congreso y el Supremo que se suma al que también le echó el Tribunal Constitucional a Batet cuando aprobó la suspensión de la actividad parlamentarias durante dieciocho días.

Entonces la presidenta de la Cámara Baja salió al paso argumentando que cumplió con las instrucciones de las autoridades sanitarias en una situación de pandemia y recordó que se decidió después de que Vox le pidiera por escrito que preservara la salud de sus diputados ante los contagios que habían tenido varios miembros de su grupo parlamentario y la cuarentena que debían hacer el resto.

 La sentencia del Constitucional consideró que el Congreso vulneró los derechos de los diputados al suspender sus plenos durante unos días y Batet -en un comunicado- le recordó que el acuerdo se adoptó "unos días después de que otros órganos constitucionales, entre ellos el propio Tribunal Constitucional, tomaran decisiones similares".

De hecho, la sentencia del TC tuvo varios votos particulares que señalaron que el Congreso no quedó "paralizado" y que el propio TC o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tomaron medidas "de contenido similar" a la que ahora se anula.

Algunos magistrados no vieron vulnerado el derecho de los diputados recurrentes (en este caso los de Vox) a la representación política y admitieron que era "constitucionalmente admisible" que ese derecho "se viera modulado proporcionadamente" en beneficio de la protección de la salud pública.

Las discrepancias que se han aireado entre el Congreso y el Supremo o el Constitucional han reavivado el enfrentamiento entre la derecha y el gobierno socialista y mientras Vox compara el "cierre" del Congreso con el asalto del Parlamento durante el intento del golpe de Estado del 23F, el PP pide a Sánchez romper con Podemos si realmente quiere girar hacia la moderación.

Y todo esto a la espera de la próxima sentencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso de Vox contra la declaración del segundo estado de alarma y cuya deliberación está prevista para el próximo 26 de octubre.