El acuerdo logrado por los Veintisiete en Bruselas que avaló que España y Portugal puedan adoptar medidas propias en el mercado de la energía dio un respiro al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una de sus semanas más difíciles desde que llegó al Palacio de la Moncloa.

En el plazo de siete días, Sánchez ha afrontado una huelga de transportistas que sigue activa, la resistencia de parte de los países de la UE a permitir acciones inminentes que rebajen el precio de la luz, y una avalancha de críticas por su cambio de posición sobre el Sáhara Occidental que ha unido desde sus socios de Unidas Podemos hasta el Partido Popular.

"Tras la tempestad, vendrá la calma", aseguran a Efe fuentes de Moncloa convencidas de que el paso del tiempo permitirá comprobar que las decisiones del Gobierno tienen un efecto claro en favor de los intereses generales del país.

Es lo que afirman que ocurrirá por ejemplo con el giro en la relación con Marruecos, ya que consideran que la situación era "insostenible" y la vía abierta permitirá reabrir fronteras y un mayor control de los flujos migratorios.

La decisión no ha sido comprendida aún por gran parte de los grupos del Congreso e incluso por sectores socialistas que esperan que se desvele una razón que permita entender el porqué de modificar una posición histórica sobre el Sáhara.

Pero desde el Gobierno se afirma que no hay ningún motivo oculto, que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ya ha expuesto los argumentos y que el propio Sánchez los reiterará en su comparecencia del próximo miércoles ante el pleno del Congreso.

ENFADO DE LOS SOCIOS

Si se mantienen las posiciones expresadas, y nada hace pensar hasta ahora que vayan a variar, el presidente del Gobierno se encontrará con un rechazo unánime a esa nueva política ya sea por el fondo o por la forma.

Ni Unidas Podemos (incluida su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz) ni ninguno de sus socios de investidura avala esa decisión y, por contra, han lanzado mensajes como el de Íñigo Errejón, de Más País, de que la legislatura se le puede ir de las manos.

El PNV rechaza también el cambio unilateral, y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ante las diferencias crecientes entre los socios del Gobierno, ha llegado a plantear a la formación morada que reflexione sobre si le interesa más estar dentro o fuera del Ejecutivo.

Pero además, el nuevo PP que llega de la mano de Alberto Núñez Feijóo ha vertido duras acusaciones contra Sánchez por no consensuar un asunto que forma parte de una política de Estado como son las relaciones exteriores, y ha dejado entrever que con el relevo en el liderazgo del partido tampoco va a ser fácil llegar a acuerdos.

La comparecencia de Sánchez ante el Congreso no será específica sobre Marruecos, sino que servirá para que explique también las cumbres de la OTAN y de la UE de esta semana en Bruselas, el acuerdo europeo en materia de energía que permitirá a España y Portugal adoptar medidas propias para frenar el precio de la luz, y el plan nacional que aprobará la víspera el Consejo de Ministros ante las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

"NO ESTUVIMOS FINOS"

A ese plan, para el que Sánchez busca el apoyo sin fisuras de todo el arco parlamentario, se remite el Gobierno como respuesta a las aspiraciones de los sectores más afectados por las consecuencias de la guerra en Ucrania.

Entre ellos los transportistas, una parte de los cuales sigue echando un pulso al Gobierno porque mantiene la huelga pese al acuerdo entre el Ministerio de Transportes y el Comité Nacional de Transporte por Carretera.

El presidente de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte por Carretera, Manuel Hernández, líder de la convocatoria de huelga, está decidido a que prosiga el paro hasta que haya un decreto que impida contratar de forma inminente por debajo de costes.

"No estuvimos finos", se admite desde el Gobierno ante sus valoraciones iniciales que ligaban a los huelguistas con la ultraderecha y ante el rechazo a reunirse con los convocantes, posición que fue subsanada posteriormente aunque sin éxito por el momento.

Pero las fuentes del Ejecutivo afirman que se están "volcando" en todos los frentes para intentar dar respuesta a este y otros sectores como el pesquero o el agrícola y eso se plasmará de forma clara en el plan que aprobará el Consejo de Ministros el martes, que están convencidos de que calmará el malestar social.

Debido a las protestas, ya se han ido adelantando algunas de esas medidas como las relativas al transporte de mercancía por carretera, que suman un total de 1.135 millones de euros con decisiones como una rebaja del precio del carburante en 20 céntimos por litro.

Habrá también medidas específicas para limitar el impacto del encarecimiento del gasóleo en los costes de explotación del sector pesquero y una atención especial a la ganadería y la agricultura.

SOLUCIÓN PARA LA PENÍNSULA

Si las dificultades por la posición sobre el Sáhara, por las movilizaciones, por el incremento de precios y por los problemas de suministro se han ido acumulando para Sánchez, tampoco le fue fácil convencer el viernes al resto de líderes europeos para lograr lo que se ha denominado "excepción ibérica" para que España y Portugal puedan actuar con medidas propias para intentar rebajar el precio de la luz.

Diez días antes inició una gira europea llevando en su cartera propuestas más ambiciosas y comunes para todos los socios, pero ante la imposibilidad de que se materializaran de forma inminente, apostó por esa solución específica para la Península Ibérica atendiendo a su peculiaridad de "isla energética".

Un grupo de países liderado por Alemania y Holanda eran reticentes y hubo un debate intenso en el seno del Consejo Europeo durante el que Sánchez llegó a levantarse de la mesa enfadado por filtraciones de que pretendía vetar las conclusiones de la cumbre y que aseguró que no eran ciertas.

Pero el acuerdo finalmente fue posible, dio aire al presidente del Gobierno y será una de las bases sobre las que se asiente el plan anticrisis.