El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumple este domingo cuatro años en funciones. Debía haberse renovado el 4 de diciembre de 2018, cuando expiró el mandato de cinco años de sus 20 vocales, pero la incapacidad de PP y PSOE para llegar a un acuerdo lo ha impedido, después de varios intentos, el último de ellos el pasado octubre.
El actual CGPJ se conformó el 4 de diciembre 2013 con 20 vocales que actualmente son 18 porque en estos 9 años uno de ellos, Rafael Fernández Valverde, se ha jubilado, y otra, Victoria Cinto, ha fallecido. A ello se suma la dimisión de Carlos Lesmes como presidente del Consejo y del Tribunal Supremo (TS) el pasado 9 de octubre. Y la situación podría empeorar porque el presidente interino del órgano, Rafael Mozo, también se jubilará el próximo año.
El proceso de renovación arrancó el 3 de agosto de 2018, cuando Lesmes comunicó a Congreso y Senado la apertura del plazo para presentar candidaturas, ya que técnicamente los 20 vocales son elegidos a partes iguales por ambas cámaras, con 10 cada una --6 entre jueces y magistrados, y 4 entre juristas de reconocida competencia--. Poco después, les remitía la lista con los 51 precandidatos de las asociaciones judiciales para ocupar los 12 asientos del turno judicial.
El 12 de noviembre, se dio a conocer un acuerdo por el que PSOE y PP colocaban al presidente de la Sala de lo Penal del TS, Manuel Marchena, en la cúspide del Poder Judicial, a cambio de que hubiera 11 vocales progresistas y 9 conservadores.
A los pocos días el acuerdo saltó por los aires. La causa era un mensaje enviado por el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el chat de WhatsApp de los 146 senadores 'populares' del momento. Según se publicó entonces, su intención era apaciguar los ánimos ante las críticas internas por el pacto.
"Obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un presidente excepcional, (...) un gran jurista con una capacidad de liderazgo y 'auctoritas' para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además controlando la Sala Segunda desde detrás", decía Cosidó.
Llegaba así el 4 de diciembre de 2018 sin acuerdo político para nombrar un nuevo CGPJ. Transcurrido apenas un mes, el 10 de enero, Lesmes envió la primera de las cuatro cartas que llegó a dirigir a los presidentes de Congreso y Senado para recordarles "la necesidad" de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 568 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que les encomienda actuar para renovar en plazo.
Su última misiva al Poder Legislativo fue el 15 de julio de 2020, cuando superadas ya las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019 que validaron el desembarco de Pedro Sánchez en La Moncloa, tras la moción de censura a Mariano Rajoy, y en la fase de desescalada tras el primer estado de alarma declarado por la pandemia de coronavirus, creyó oportuno recordar a las Cortes ese "mandato legal".
Pese a ello, el 9 de septiembre de 2019 Lesmes protagonizó la apertura del año judicial como presidente de un CGPJ caducado. Entonces ya advirtió de que la situación de interinidad del Consejo era una "grave anomalía" que podía contribuir al "descrédito" de la Justicia, aunque también se mostró esperanzado. Pensó que estaba en la "fase final" de su Presidencia.
Lesmes pronunció hasta cuatro discursos de inauguración del curso judicial, cada uno más contundente que el anterior, estando en funciones. El último, el del pasado 7 de septiembre, supuso un punto de inflexión porque ahí deslizó una amenaza de dimisión que minutos después confirmó a la prensa.
PENDIENTES DEL CALENDARIO ELECTORAL
Ya situados en la segunda mitad de 2020, las negociaciones entre PSOE y PP sobre el CGPJ estuvieron íntimamente ligadas al calendario electoral y otros hitos políticos que fueron acercando y alejando el acuerdo sucesivamente.
Ese otoño, el Gobierno lanzó dos iniciativas parlamentarias para empujar al PP a pactar: una para rebajar la mayoría por la que Congreso y Senado eligen a los 20 vocales y otra para prohibir que un CGPJ caducado pudiera hacer nombramientos en la cúpula judicial. Ante las críticas de oposición, asociaciones judiciales y, sobre todo, de Bruselas, el Ejecutivo retiró la primera pero mantuvo la segunda, que se aprobó el 24 de marzo de 2021.
La maniobra propició que los negociadores volvieran a sentarse a la mesa. Las conversaciones entre Félix Bolaños y Teodoro García Egea dieron sus frutos y pactaron las renovaciones pendientes del Tribunal Constitucional (TC), el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo, dejando el CGPJ para más adelante.
En ese punto, dos nombres volvieron a dinamitar el acuerdo: Victoria Rosell y José Ricardo de Prada, los dos candidatos que Podemos quería promocionar al Consejo y que el PP se negó a aceptar. Repuestos de ese revés, el ministro de Justicia por aquella época, Juan Carlos Campo, aseguró que las conversaciones seguían y que la lista estaba hecha, a falta de que el PP quisiera hacerla pública.
Campo habló expresamente de la conveniencia de esperar a que se celebraran las elecciones madrileñas del 4 de mayo de 2021. Pero el devenir político se impuso de nuevo a la 'hoja de ruta'. El 22 de junio de ese año el Gobierno indultó a los nueve condenados por el 'procés' y el proceso de renovación volvió a estancarse.
El 20 de septiembre, el PP trazó una línea roja al someter a un debate plenario en el Congreso su propuesta de cambiar el sistema de elección de los vocales --para que sean elegidos por los propios jueces--, una idea que hasta ese momento no se había convertido en condición 'sine qua non' y que el Ejecutivo rechazó.
El cambio en el liderazgo del PP, de Pablo Casado a Alberto Núñez Feijóo, que se materializó el 2 de abril avivó otra vez una esperanza que finalmente se disipó por la convocatoria electoral en Andalucía para el 19 de junio. Esta nueva fecha clave se superó también sin resultados.
Entretanto, venció también el mandato de 4 de los 12 magistrados del TC, el tercio que corresponde proponer a Gobierno y CGPJ, y Moncloa deslizó la posibilidad de nombrar a los suyos sin esperar al Consejo --algo que finalmente ha hecho--. Ante las dudas legales, promovió una reforma exprés de la LOPJ para que los vocales pudieran designar a sus dos candidatos y poder nominar en 'pack'.
A partir de ahí, PSOE y PP se enrocaron en sus posiciones hasta el punto de que Lesmes amenazó ese 7 de septiembre con dimitir en "semanas" y el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, visitó España entre los días 28 y 30 de ese mes para implicarse directamente en la búsqueda de una solución a la crisis del Poder Judicial.
En torno a esa visita, Bolaños y Esteban González Pons retomaron discretamente los contactos para renovar el CGPJ pero la mañana de ese domingo del 9 de octubre dos 'whatsapp', uno de cada negociador, transmitieron a Lesmes que la negociación estaba muerta, según las fuentes consultadas por Europa Press. Esa misma tarde, anunció su dimisión, una renuncia que forzó a socialistas y 'populares' a reanudar las conversaciones.
Las mismas fuentes aseguran que en las semanas siguientes --casi en los días siguientes--, PP y PSOE perfilaron un acuerdo global que contemplaba la renovación del CGPJ y hasta del TC, incluida la quinta plaza que Alfredo Montoya dejó vacante por enfermedad y que corresponde cubrir al Senado. Pero todo volvió a desmoronarse cuando el Gobierno ratificó que pretendía reformar el delito de sedición.
Aunque en un principio el PP desligó ambos asuntos, tras una convulsa jornada de declaraciones, los 'populares' anunciaron la tarde del 27 de octubre la ruptura de las conversaciones. Fuentes jurídicas ven difícil que puedan retomarse con éxito dado el calendario electoral.
