Socios y aliados del Ejecutivo avisan al PP: habrá reforma del poder judicial

Los socios de coalición y la mayoría de los aliados del Gobierno en el Parlamento han avisado este miércoles al PP de que habrá reforma para renovar a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y por lo tanto para desbloquear el poder judicial, aunque los tiempos los marcará el procedimiento parlamentario.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que el Ejecutivo ya trabaja con los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez para sacar adelante una proposición de ley que permita renovar el TC y que quieren registrar cuanto antes, aunque de momento están pendientes de que llegue el auto del tribunal de garantías.

La intención del Ejecutivo es analizar primero esa resolución, que podría llegar la próxima semana, para conocer todos los argumentos, aunque también avisan de que no están dispuestos a esperar eternamente.

Y es que algunas fuentes parlamentarias han reconocido que el Ejecutivo podría registrar la proposición de Ley mañana mismo.

Unidas Podemos ha avisado de que antes de presentar y redactar una nueva iniciativa sobre el TC hay que analizar el auto del tribunal de garantías para reducir los riesgos de que pudiera volver a ser recurrida.

"Estamos trabajando con el resto de grupos y por otra parte pendientes de que de que llegue la resolución del TC para ver en qué se ampara para trasladar cautelarísimas, cuando eso ocurra estaremos en condiciones de poder presentar" la proposición de ley, ha incidido Montero en los pasillos del Congreso.

La mayoría de los aliados parlamentarios han coincidido en que apoyaran esa proposición de ley, como así lo han evidenciado ERC, EH Bildu, Más País o Compromís que ven necesario no demorar su tramitación.

"Las cosas buenas es mejor hacerlas rápidas que lentas", señalaba este miércoles el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, mientras la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha urgido una respuesta "política rápida, contundente y conjunta".

Bildu apoyará todo lo que permita desbloquear "esta situación cuanto antes" y frene "el órdago lanzado por la derecha política y judicial contra la mayoría plurinacional emanada de las urnas", ha dicho Aizpurua, mientras el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, se muestra partidario de cerrar "pronto" la crisis institucional abierta tras la sentencia del Constitucional.

"Lo importante era dar una respuesta rápida, eficaz a lo que es un atropello a la democracia y lanzar un mensaje de tranquilidad; la reforma que el PP tiene secuestrada va a ir adelante", ha dicho Errejón tras incidir en que la proposición del PSOE es igual que la que Más País había registrado y por lo tanto la apoyarán.

Compromís también apoyaría "cualquier solución que permitiera que la Cámara recuperara su capacidad cercenada" y su portavoz Joan Baldoví ha dicho que debería hacerse "sin prisas pero sin pausas", para que "no de pie a nuevos episodios" ni recursos al PP.

En principio la proposición de ley podría estar aprobada en el Congreso en enero si se habilitan plenos extraordinarios, ya que el nuevo periodo de sesiones empieza oficialmente en febrero.

Las enmiendas que fueron suspendidas por el TC y que previsiblemente contempla la proposición pide cambiar el sistema de mayorías del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando elige a los magistrados del Tribunal Constitucional.

En el caso de que los vocales no consiguiesen un consenso tres meses después de que finalice el mandato de los magistrados salientes, se opta por un sistema de votación individual en el que serán elegidos los candidatos con más apoyos -frente a los tres quintos exigidos ahora- y sin necesidad de un "quorum" mínimo.

También plantea que si un poder no cumple con el plazo para renovar el Tribunal Constitucional se realice la renovación del poder que sí lo cumple sin que sea necesario que los magistrados se renueven por tercios, y suprime la necesidad de que el TC verifique la idoneidad de los jueces propuestos.

Fuentes cercanas al Gobierno insisten en que no se va a aprovechar esa proposición de Ley para reformar la forma de elección de los vocales del CGPJ, aunque los grupos políticos quieran ir más allá.