El Gobierno ha vetado la tramitación parlamentaria de la proposición de ley que registró Ciudadanos en el Congreso para la elección directa de las Diputaciones provinciales, una decisión que fundamentan en que su aplicación supondría un coste de más de 14,4 millones de euros y por tanto implicaría un aumento de los créditos presupuestarios.

Ciudadanos, que en sus orígenes hizo bandera de la eliminación de las Diputaciones Provinciales por considerarlas innecesarias y un foco de corrupción, registró a finales del pasado año una reforma electoral para democratizar estas instituciones con el fin de que sus integrantes sean elegidos directamente por los ciudadanos en lugar de ser concejales propuestos por los partidos.

Y ahora el Ejecutivo, que constitucionalmente tiene capacidad de veto en iniciativas legislativas que alteran los Presupuestos, ya sea por merma de ingresos o por incremento del gasto público, ha bloqueado su tramitación parlamentaria impidiendo que llegue siquiera a debatirse en el Congreso.

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos alega que aprobar esa reforma electoral obligaría a aumentar en 14,4 millones de euros los créditos presupuestarios para afrontar costes electorales y subvenciones a partidos.

Por un lado, señala que poner una urna aparte para las diputaciones provinciales, que se añadiría a la infraestructura de las elecciones municipales, "en la práctica sería equiparable a la celebración de otro proceso electoral concurrente", lo que afectaría tanto al escrutinio, con "un sobrecoste de 2,4 millones de euros", como al presupuesto de papeletas y sobres, con un coste adicional de otros dos millones. En total, teniendo en cuenta la previsión del 'mailing', esa elección separada costaría 4,4 millones.

Pero, además, el Gobierno se refiere a las subvenciones por escaño y voto que Ciudadanos propone en su proposición de ley (1.625,44 euros por cada diputado provincial electo y 65 céntimos por cada voto cosechado), y concluye que habría que reservar otros diez millones de euros: 1,67 millones para costear los 1.038 diputados a elegir y otros 8,32 millones para subvencionar los sufragios, con cálculos según los anteriores comicios.

"Por lo detallado anteriormente, la aprobación de la Proposición de Ley de referencia es susceptible de producir un incremento de los créditos en los Presupuestos Generales del Estado, por lo que el Gobierno no presta la conformidad para su tramitación", zanja el Ejecutivo.