Estas cincuenta denuncias suponen cinco más que las 45 del año anterior, aunque entonces hubo 81 denunciantes frente a los 68 de ahora, ya que ambas cifras (casos y víctimas) no son coincidentes porque una puede afectar a varias personas, según el "Informe 2010 sobre la Tortura y Malos Tratos en Andalucía" presentado hoy en rueda de prensa por lasa asociaciones que integran la CPDT.
El informe, presentado por Luis Ocaña (Grupo 17 de Marzo), Jorge del Cura (CPDT), Valentín Aguilar (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía) y Gonzalo Jiménez (Federación Enlace), se ha elaborado a partir de entrevistas con los denunciantes, información de sus abogados y de organizaciones de defensa de los derechos humanos, resoluciones judiciales o noticias "contrastadas" de los medios.
En España hubo 251 casos, con 540 personas afectadas, mientras que en Andalucía los funcionarios de prisiones es el colectivo que más denuncias registradas por la CPDT tuvo en 2010, con 26 y 31 denunciantes; seguido de la Policía Nacional (16 y 25); la Local (8 y 11); y la Guardia Civil (un caso y una presunta víctima).
En la relación facilitada por la coordinadora figuran un caso en el que un funcionario de la cárcel de Almería fue suspendido de empleo y sueldo y luego de nuevo sancionado; otro que investiga un juzgado sobre la muerte de un melillense en el Puerto III; o sendas condenas a un policía nacional por agredir a un detenido en Sevilla y a dos agentes locales por vejar y lesionar a un magrebí en Málaga.
Destacan además las denuncias de dos policías nacionales que, en dos casos distintos, denunciaron por torturas y detención ilegal a dos agentes locales de El Puerto de Santa María (Cádiz), y por agresión a otros tres del mismo cuerpo igualmente en esa localidad.
Por provincias, Cádiz fue la que más denuncias por tortura han identificado dichas organizaciones (18 casos y 22 denunciantes), seguida de Sevilla (10 y 19); Córdoba (9 y 12); Málaga (6 y 6); Granada (4 y 4); Huelva (2 y 4); y Almería (1 y 1), sin que tengan constancia de ningún caso denunciado en Jaén.
No obstante, Jiménez ha afirmado que las denuncias no representan "todos los casos que en realidad suceden", porque sólo les llega "una parte".
El perfil de los denunciantes "es diverso", aunque se confirma la tendencia de otros años del aumento de situaciones de presunta tortura a presos (25 casos y 31 denunciantes), personas migrantes (9 y 10) y participantes en movilizaciones sociales (3 y 8), además de que detectaron trece muertes de personas que estaban bajo custodia.
Los portavoces de Enlace y de Pro Derechos Humanos han exigido que se impulsen "mecanismos adecuados y contundentes" para vigilar más la actuación policial y de los funcionarios en esas situaciones, y han criticado que la Administración penitenciaria y los juzgados "no hacen nada" ante dichas denuncias.
Por su parte, Del Cura ha censurado el informe de la Defensora del Pueblo tras ser designada "Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura", al no aludir a "ni un solo caso de tortura" y haber advertido de que "no va a tratar las denuncias y quejas, y se dedicará a prevenir".
