A sus 56 años, treinta de ellos en la judicatura, el hasta ahora titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, donde ha pasado más de dos décadas, dice adiós a la magistratura obligado por una sentencia del Tribunal Supremo, que le ha condenado a once años de inhabilitación por ordenar intervenir las conversaciones mantenidas en prisión entre imputados de la red corrupta y sus abogados.
Un punto y final que tiene su origen en lo que el propio Garzón denominó una "cruel campaña" de acoso en venganza por investigar por corrupción a miembros del PP, dos de los cuales, el expresidente valenciano Francisco Camps y el exsecretario regional del partido Ricardo Costa, ya han sido juzgados, aunque con distinta suerte que el primer instructor del caso.
Y es que sus grandes sumarios en la Audiencia Nacional sobre materias tan sensibles como el terrorismo o el narcotráfico le otorgaron tanta fama como partidarios y detractores.
Fue el primer magistrado español que se desplazó a Francia para interrogar a etarras detenidos en el país galo, entre ellos los miembros de la cúpula Josu Ternera, Santi Potros, Elena Beloki, Francisco Múgica Garmendía, "Pakito", y Joseba Aguirre Erostarbe, "Fitipaldi".
También zarandeó el entorno de la banda con sumarios como el 18/98 para probar la vinculación entre ETA y diversos grupos de su entorno, instrucción que se prolongó durante cuatro años hasta julio de 2002 y en la que procesó a 64 personas, clausuró el diario "Egin" y declaró la ilicitud de KAS y de su sucesora EKIN.
Ese mismo año abrió el sumario 35/02 para investigar la sumisión de Batasuna a ETA, que derivó en la suspensión de actividades de la formación abertzale.
Por entonces, Garzón ya había protagonizado grandes operaciones como la "Nécora", que le llevó en junio de 1990 a dirigir desde un helicóptero en Galicia a 350 policías que participaron en una redada que supuso la desarticulación de los principales clanes gallegos de contrabandistas con los cárteles colombianos de la cocaína y la posterior condena de, entre otros, Laureano Oubiña.
La década de los noventa trajo consigo además otro de esos giros que han marcado de forma determinante su biografía al entrar, en 1993, en política, concurriendo como número dos por Madrid en la lista del PSOE a las elecciones generales que encabezó Felipe González.
Una decisión que no dejó de sorprender, ya que el Gobierno socialista se había negado a facilitarle información sobre los fondos reservados mientras instruía el "caso "GAL", lo cual no impidió que formara parte del Ejecutivo como secretario de Estado del Plan Nacional sobre Drogas, en el que permaneció apenas diez meses.
De vuelta en la Audiencia Nacional en 1994, retomó el sumario de los GAL, una investigación que cuatro años después condujo a la condena y el ingreso en prisión del ex ministro del Interior José Barrionuevo y el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, entre otros.
No obstante, su condición de "juez estrella" alcanzó tintes universales cuando, en octubre de 1998, ordenó la detención en Londres del dictador chileno Augusto Pinochet, decisión por la que que en 2002 se promovió su candidatura al Premio Nobel de la Paz.
A este nombre se sumaron los de otros personajes como Bin Laden, al que llegó a procesar por haber utilizado España como base para la preparación de atentados como el 11-S, y ordenó el ingreso en prisión de varios miembros de la organización terrorista Al Qaeda detenidos en España.
Su renombre internacional le valió una invitación de la Universidad de Nueva York para desarrollar actividades de docencia y de investigación sobre el terrorismo entre marzo de 2005 y julio de 2006 cuyo patrocinio, a día de hoy, está detrás de la única de las tres querellas que el Supremo abrió contra él que sigue en fase de instrucción.
Tras el antecedente que marcó el caso Pinochet, Garzón se convirtió en un símbolo de la Justicia universal y de esperanza para las víctimas de crímenes contra la humanidad.
En este contexto es en el que, el 16 de octubre de 2008, se declaró competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, causa por la que se encuentra a la espera de sentencia tras haber sido juzgado por prevaricación.
"He trabajado contra el terrorismo, el narcotráfico, los crímenes contra la humanidad y la corrupción. Lo he hecho con la ley en la mano y en unión de fiscales, jueces y policía. En este trabajo, siempre he cumplido con rigor las normas, he defendido los derechos de los justiciables y de las víctimas en situaciones muy adversas", ha dicho hoy Garzón tras conocer su condena.
La sentencia del Supremo ha llegado solo 24 horas después de que quedara visto para sentencia en el mismo tribunal el juicio por investigar los crímenes del franquismo, que Garzón cerró haciendo uso de su derecho a la última palabra con una frase que hoy puede parecer premonitoria: "Mi conciencia está tranquila".
Las escuchas del "caso Gürtel" acaban con la carrera de Baltasar Garzón
El Tribunal Supremo ha condenado hoy a once años de inhabilitación a Baltasar Garzón al considerar que prevaricó al intervenir las conversaciones entre imputados en el caso Gürtel y sus abogados, poniendo así fin a una carrera de 30 años en la que se convirtió en el estandarte de los llamados "jueces estrella".
Garzón, condenado solo 24 horas después de que quedara visto para sentencia el juicio por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, ha rechazado "frontalmente" la sentencia en una nota en la que afirma que ésta "elimina toda posibilidad para investigar la corrupción" y que, "en el afán de acabar con un concreto juez", contribuye a "laminar" la independencia judicial.
Por unanimidad, los siete magistrados que formaban el tribunal han considerado que, al ordenar la grabación de las conversaciones que los presuntos cabecillas de la trama Gürtel mantuvieron en prisión con sus abogados, Garzón adoptó una resolución injusta y restringió el derecho de defensa de los imputados "sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable".
"La Justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo Justicia", afirma la sentencia, que también señala que Garzón admitió "prácticas que en los tiempos actuales solo se encuentran en los regímenes totalitarios, en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa, o se supone que interesa, al Estado".
La alusión a prácticas totalitarias resultará especialmente dolorosa para alguien que, como juez, persiguió los crímenes cometidos por las dictaduras chilena y argentina y trató de investigar los del franquismo y que, según confesaba a Efe su abogado, Francisco Baena Bocanegra, ha quedado "desolado" tras el fallo.
"Puede usted imaginárselo: Una vida entera dedicada a la judicatura y que de pronto te digan que se ha acabado... Es para estar desolado", ha señalado el letrado, que recurrirá ante el Tribunal Constitucional después de que el juez haya anunciado que ejercerá "todas las acciones que sean pertinentes para tratar de paliar el perjuicio irreparable" que el Supremo le ha causado.
La reacción del abogado de Garzón contrasta con la del presunto máximo responsable de la trama Gürtel, Francisco Correa, que ha considerado que la condena "coloca las cosas en su sitio".
En declaraciones a Efe, José Antonio Choclán, ha mostrado su satisfacción "profesional, que no personal" por la sentencia, de la que ha dicho que era "necesaria" para el Estado de Derecho y para "marcar un patrón para la actuación de la Fiscalía".
En parecidos términos se ha pronunciado el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, que ha asegurado a Efe que "no es nada agradable" que en un Estado democrático se condene a un juez como Garzón, pero ha subrayado que "si se restringe el derecho de defensa, enferma el Estado de Derecho".
Las críticas, en cualquier caso, han superado en mucho a los elogios, y se han dejado oír no solo en España, hasta el punto de que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, hacía a primera hora de la noche una declaración institucional en defensa de los magistrados que han condenado al juez.
En ella, Dívar califica de "grave atentado al Estado de Derecho" las descalificaciones recibidas por los miembros del tribunal, cuya imparcialidad fue puesta en duda desde el primer momento por el entorno de Garzón dada la presencia en el mismo de Luciano Varela y de Manuel Marchena, que además de haberle juzgado por las escuchas instruyen otras causas contra él.
Varela es el magistrado que ha llevado al juez al banquillo de los acusados por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, mientras que Marchena acaba de imputarle por cohecho impropio por los patrocinios de cinco empresas españolas a los cursos que impartió en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006.
El próximo martes, si no lo hace antes de forma extraordinaria, la Comisión Permanente del CGPJ hará efectiva la expulsión de la carrera judicial de Baltasar Garzón, que perderá su condición de juez y, con ella, los honores y reconocimientos que acompañan al cargo.
Acabará así una carrera que se inició en un Juzgado de Valverde del Camino (Huelva), que alcanzó su momento cumbre en la Audiencia Nacional -donde investigó los GAL, puso cerco al entorno mediático y político de ETA, suspendió la actividad de Batasuna y procesó a Bin Laden- y que acabó, sin que él lo supiera, cuando un día de febrero de 2009 firmó un auto autorizando unas escuchas en prisión.
Reacciones internacionales
Exiliados españoles y organizaciones civiles de izquierda en América rechazaron la sentencia condenatoria del juez español Baltasar Garzón, que alcanzó fama internacional por mandar detener al exdictador chileno Augusto Pinochet en Londres y perseguir a represores argentinos.
El Tribunal Supremo español encontró a Garzón culpable de prevaricación y le condenó hoy a 11 años de inhabilitación por haber autorizado interceptar las conversaciones en prisión de presuntos cabecillas con sus abogados en el "caso Gürtel", una trama de corrupción que implica a empresarios presos y políticos en España.
Las asociaciones de exiliados españoles en Francia consideraron que la condena a Garzón es "el mundo al revés, el juez condenado y los acusados aplaudiendo", afirmó a Efe el presidente de la asociación Memoria de España Republicana (MER), Jean Ortiz.
Su asociación convocó una manifestación ante el Consulado de España en Pau, en el suroeste de Francia, para el próximo sábado al mediodía en apoyo del controvertido juez.
En el continente americano, el Ateneo Español de México consideró que con el juicio a Garzón España tenía "en este momento la oportunidad de resolver por fin un grave problema pendiente".
En una valoración del caso remitida a Efe por su directora, Carmen Tagüeña, la institución recuerda que "lo sucedido en la dictadura franquista (1939-1975) no se puede olvidar".
En Chile la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mireya García, calificó la condena de "un juicio político que representa una vergüenza internacional".
García dijo a Efe que aunque la sentencia de inhabilitación fue por esas escuchas ilegales de las conversaciones de presos de Gürtel, "esa fue precisamente la vía que encontraron para sacar al juez Garzón de sus investigaciones de los crímenes de lesa humanidad, incluido los crímenes del franquismo en España".
En Argentina la presidenta de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, consideró que la condena de inhabilitación al juez español formaba parte de "una estrategia nefasta" contra "una persona honesta y comprometida".
Garzón "es molesto en España porque soplan otros vientos. Allí, hace 40 años guardaron silencio" sobre los delitos cometidos en el franquismo y el pueblo "también pide verdad, memoria y justicia", ha añadido Carlotto, en declaraciones a la agencia estatal de noticias Télam.
Por su parte la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) de Ecuador, Marcela Miranda, recordó que la condena no le impide al juez español seguir como veedor internacional de la reforma al sistema judicial que se lleva adelante en este país.
Garzón estuvo a finales de enero pasado en Ecuador para asistir a la ceremonia de toma de posesión de los nuevos 21 jueces de la Corte Nacional de Justicia, escogidos tras un concurso abierto por el Consejo de la Judicatura de Transición que lleva adelante el proceso de transformación del sistema judicial ecuatoriano.
Por el contrario, el procurador general colombiano, Alejandro Ordóñez, advirtió hoy de que Garzón no podrá ser asesor de autoridad alguna en su país.
"Yo lo dije, es un chuzador (pinchador), que chuzaba (pinchaba) nada más y nada menos que a abogados. Eso ya no es una hipótesis, lo dice el Estado español", señaló hoy Ordóñez a periodistas.
Garzón fue asesor de la Misión de Apoyo de la Organización de Estados Americanos al Proceso de Paz con paramilitares (Mapp-OEA) en Colombia.
El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, aclaró también este jueves que Garzón no tiene ni ha tenido contrato con Colombia.
"El Gobierno nunca tuvo contrato directo ni indirecto con el juez Baltazar Garzón. Las tareas que él cumplió en Colombia, y que ya terminaron, eran por una vinculación del juez Garzón con la OEA", señaló Vargas Lleras a periodistas.
Subrayó que se trata de "una precisión importante" e insistió en que "los honorarios del juez nunca fueron pagados por el Gobierno colombiano, sino por la OEA".
El juez Baltasar Garzón rechazó hoy "frontalmente" la condena y anunció que recurrirá la sentencia que, a su juicio, "elimina toda posibilidad de investigar la corrupción".
El juez condenado aseguró que la sentencia no está sustentada en pruebas ni razones jurídicas y que "elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad".
Centenares de manifestantes apoyaron a Garzón en la Puerta del Sol
Varios centenares de manifestantes se concentaron en la madrileña Puerta del Sol para expresar su "indignación" y "vergüenza" por la inhabilitación del juez Baltasar Garzón acordada por el Tribunal Supremo y para mostrar públicamente su solidaridad con el magistrado.
La concentración tuvo lugar en la zona central de la Puerta del Sol, en torno a la estatua ecuestre de Carlos III, en la cual se ha desplegado un pancarta con una imagen del juez, en la que se puede leer "Contra los juicios de la vergüenza".
Baltasar Garzón ha sido inhabilitado por el Tribunal Supremo por autorizar la interceptación de las comunicaciones de los imputados en el "caso Gürtel" y sus abogados.
El portavoz de la plataforma "Solidarios con Garzón", Jaime Ruiz, ha leído un manifiesto en el que asegura que el Supremo quería expulsar a Garzón de la judicatura española porque "molestan los jueces independientes que quieren acabar con la corrupción y juzgar los crímenes del franquismo".
Ha participado en la concentración el líder de IU, Cayo Lara, quien ha declarado que espera una "reacción popular importante de todos los demócratas de este país", al margen de su ideología, de manera "pacífica y tranquila", para decir al Supremo que la Justicia que está aplicando "no coincide con lo que piensa la mayoría de los ciudadanos".
"Del Tribunal Supremo fuera fascistas", "Garzón amigo, el pueblo está contigo", "Basta ya de mafia judicial", "Tenemos memoria, queremos justicia" y "Vergüenza, Vergüenza", son algunos de los lemas más coreados por los manifestantes.
