La Diputación de Cádiz ofrecerá información sobre el Real Decreto-Ley 4/2012, que determina el pago a los proveedores de las entidades locales. La jornada técnica, programada en un principio para mañana, se desarrollará el próximo viernes a partir de las diez y media de la mañana en el Palacio Provincial.

El motivo de este traslado de fecha se debe a que precisamente mañana es cuando se reunirá la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, en la que se fijarán los criterios sobre este asunto.

La iniciativa corresponde a las áreas de Cooperación Municipal, Infraestructuras y Medio Ambiente, y de Hacienda, Recaudación y Contratación, responsabilidades del vicepresidente segundo, Bernardo Villar, y Juan Antonio Liaño, respectivamente.

A participar en esta jornada se ha invitado a responsables políticos, funcionarios con habilitación de carácter estatal y empleados públicos de las entidades locales, que tengan a su cargo funciones relacionadas con la actividad económica-financiera y presupuestaria.

El referido decreto-ley se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 25 de febrero. En él se especifica que los Ayuntamientos deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas la cuantía exacta que tienen pendiente de cobro los proveedores antes del 15 de marzo.

Garantizar la situación financiera

Para tener derecho de cobro de sus facturas, el proveedor tiene que tener obligaciones pendientes de pago generadas por obras, servicios o suministros efectuados antes del pasado 1 de enero, siempre que sean contratos contemplados en la Ley de Contratos del Sector Público. Por su parte, las entidades locales deberán permitir a los contratistas consultar su inclusión y las cuantías que les afectan.

El plan de ajuste que elabore la corporación local deberá aprobarse antes del próximo 31 de marzo. El mecanismo de financiación que se adopte estará vigente durante este año.

Con todas estas actuaciones se trata de garantizar la sostenibilidad de la situación financiera de los Ayuntamientos, para que cuenten con una adecuada financiación los servicios públicos que prestan, además de recoger ingresos corrientes suficientes para financiar sus gastos de funcionamiento y la amortización de las operaciones de endeudamiento que pudieran solicitar.