Un centenar de alegaciones se han presentado al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de San Fernando en este nuevo periodo de exposición pública y como ocurre en todos estos procesos, el gran problema es que los ciudadanos tienen acceso a las propuestas de los técnicos que redactan el documento bajo los criterios políticos marcados, pero no tienen el mismo acceso a esas alegaciones que hacen los ciudadanos, las organizaciones o las administraciones y que en muchos casos posiblemente solucionarían problemas que desde el punto de vista global no son perceptibles. Pero claro, eso obligaría a un grado de participación popular en la cosa pública que a la larga supondría más perjuicio que beneficio, por mucho que desde alguna filosofía política se proclame la participación sin paliativos, al menos mientras no gobiernan.  Quizá baste con las que algunas organizaciones hacen públicas para llegar a un punto intermedio entre lo deseable y lo posible.