El PSOE defenderá el próximo martes en el Pleno del Congreso una proposición de ley para que la Audiencia Nacional asuma la investigación y enjuiciamiento de casos de corrupción que afecten a cargos o representantes públicos, una de las 'recetas' que los socialistas registraron a la vuelta del verano para combatir esta lacra.

   En su iniciativa, que recoge Europa Press, los socialistas abogan por que la Audiencia Nacional tenga nuevas competencias y se encargue también de la instrucción y enjuiciamiento de los delitos de prevaricación, cohecho, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales y delitos urbanísticos cuando sean cometidos con participación de representantes públicos.

   Además, el primer partido de la oposición insta al Gobierno a que remita al Congreso "en el plazo de tres meses" un proyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal --previo informe del Consejo General del Poder Judicial-- que incluya el establecimiento de un procedimiento preferente y sumario para el enjuiciamiento de estos delitos y un régimen especial en relación con la admisibilidad de sentencias de conformidad.

Y OTRAS TRES INICIATIVAS MÁS UNA SUBCOMISIÓN

   El PSOE justifica esta propuesta en que la persecución penal de las conductas corruptas requiere que se asegure, mediante un enjuiciamiento "ágil y eficaz" de los delitos, que no puedan producirse retrasos "injustificados" en los procedimientos judiciales, así como que los órganos judiciales competentes dispongan de medios "idóneos" para su enjuciamiento.

   Además de esta proposición de ley, los socialistas registraron en septiembre otras tres: reforma del Código Penal para introducir nuevos tipos delictivos, cambio en la financiación de partidos para impedir donaciones que persigan la obtención de un ilegítimo beneficio económico, y nueva ley del Tribunal de Cuentas para hacerlo más ágil y eficaz.

   Y junto con estas iniciativas, el PSOE propuso crear una subcomisión parlamentaria para que estudie posibles soluciones contra la corrupción política en el plazo de seis meses --establecía como fecha límite el 31 de diciembre--, una idea que el propio secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, hizo llegar personalmente a los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios.

PP Y PSOE SÓLO HABLAN DEL CGPJ

   El debate de la primera de las 'recetas' elaboradas por el PSOE para combatir la corrupción política llega al Palacio de la Carrera de San Jerónimo cuando no acaba de arrancar el proceso de diálogo para la regeneración democrática que vienen prometiendo el Gobierno y el PP con el fin de pactar medidas contra este problema.

   Ya en febrero se aprobó una moción en el Debate sobre el estado de la Nación, después se anunció que iba publicarse un informe desde el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y, finalmente, el pasado 20 de septiembre, el Gobierno acabó poniendo sobre la mesa un paquete de medio centenar de medidas que afectaba a diez leyes y que se pretendían pactar con la oposición.

   Pese a que ese plan se envió a los grupos parlamentarios de la oposición, desde el Gobierno se han reconocido sólo unos contactos iniciales con los nacionalistas de CiU y PNV, no así con el PSOE, del que aseguran que están esperando que designe al correspondiente interlocutor. Eso sí, PP y PSOE tienen abierto un proceso de diálogo para cubrir los puestos del Consejo General del Poder Judicial.