El proyecto de Ley de Seguridad Nacional pasará el próximo miércoles, 8 de julio, su primer trámite en el Congreso de los Diputados con el debate de las enmiendas a la totalidad que han presentado los grupos de Convergència y de Unió, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV y ERC, que piden la devolución del texto al Gobierno.

   Será la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, la que defienda el proyecto, ya que éste ha sido elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional, que depende de Presidencia del Gobierno.

   Según el Ejecutivo, esta ley servirá para cubrir el vacío que se da ante situaciones en las que no se considerada necesario decretar el estado de alarma, estado de excepción o estado de sitio y que pasarán a denominarse "situaciones de interés para la seguridad nacional", aquellas que se producen cuando es necesario el uso de más medios y coordinación a los habituales. Un ejemplo de esta situación podría ser una crisis derivada de un terremoto con víctimas.

   La vicepresidenta aseguró el día en que el Gobierno aprobó el proyecto que "en ningún caso la situación de interés para la seguridad nacional supondrá la suspensión de los derechos fundamentales y libertades públicas", sino que "las autoridades competentes actuarán conforme a sus atribuciones ordinarias".

MEJOR COORDINACIÓN

   Se trata de escenarios que, por su impacto, no se pueden resolver con los medios habituales, sino medios más sofisticados así como una mayor coordinación entre administraciones. Es por ello que en la elaboración de este anteproyecto han colaborado todos los ministerios con especial implicación los de Defensa, Interior, Exteriores y Presidencia.

   Pero los partidos que han presentado enmiendas a la totalidad consideran que la nueva ley es "ambigua" y que con ella el Ejecutivo pretende llevar a cabo una "recentralización de competencias" en el ámbito de la seguridad.

   Los grupos coinciden en sus enmiendas en denunciar que el Gobierno emplea en esta ley el concepto de seguridad con fines "propagandísticos" e "ideológicos", invadiendo las competencias que las comunidades autónomas tienen en esta materia.

   Además, critican la "vaguedad" e "imprecisión" con que la norma define el concepto de "situación de interés para la seguridad nacional", con el que, según ha explicado el propio el Gobierno, se pretende completar un "vacío normativo" que existe todavía entre un estado de normalidad y la declaración de los estados de alarma, excepción o sitio.

SIN CONTROL SOBRE LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO

   Convergència y Unió se quejan en su enmienda de que el proyecto de ley "ofrece la nula participación autonómica en aquellas decisiones que afectan directamente a sus competencias, la proliferación de conceptos indeterminados que pretenden fundamentar la intervención exclusiva del Gobierno central, junto con la total inexistencia de sistemas de control sobre su actuación".

   Sobre las "situaciones de interés para la seguridad nacional", los nacionalistas catalanes critican que este concepto no sólo contempla situaciones con "gravedad efectiva", sino también con "gravedad potencial", lo cual consideran "absolutamente subjetivo y preocupante" porque puede llevar a una "vulneración competencial e incluso de los derechos fundamentales de las personas sin la suficiente justificación".

   Por su parte, ERC cree que el proyecto "no aporta ninguna medida eficaz a la llamada seguridad nacional", sino que el texto es una mera "propaganda ideológica que pretende explotar el discurso del miedo y la necesidad de unidad nacional frente a un supuesto enemigo".

"ACCIONES CONTUNDENTES" ANTE EL SOBERANISMO

   Es más, los republicanos opinan que "tras el contexto discursivo de la amenaza del terrorismo internacional se pretende crear una estructura ágil y supuestamente legítima para avalar acciones más contundentes que puedan adoptarse ante el proceso soberanista catalán o incluso ante determinadas situaciones de contestación social".

   Para la Izquierda Plural, el único objetivo de esta nueva ley es "desarrollar una visión conservadora y centralizadora de la seguridad" sustentada en la "omnipresencia de las autoridades estatales, aprovechando para llevar a cabo una nueva recentralización".

   "El proyecto de ley demuestra que es la autoridad estatal quien decide y dirige, así que estaríamos ante lo que podríamos denominar una coordinación jerarquizada", afirma el grupo de izquierdas en su enmienda, en la que denuncian "una injerencia más del poder central".

   Además, al igual que ERC, critica los "fines propagandísticos" y el "discurso del miedo que, a su juicio, se puede leer en este proyecto de ley. "A nuestro juicio, la seguridad no es la base sobre la cual una sociedad puede desarrollarse, preservar su libertad y la prosperidad de sus ciudadanos, sino que para el desarrollo social, para promocionar las libertades y la prosperidad de la población el fundamento es la implicación social", apunta.

ESTADO DE CRISIS "NO CONSTITUCIONALIZADO"

   El PNV pide la devolución de la ley al Gobierno por considerarlo "absolutamente innecesaria, imprecisa e invasiva". En primer lugar, cree que establece la "creación de un nuevo estado de crisis no constitucionalizado que obligará a que las policías autonómicas pasen a depender directamente de la Administración General del Estado".

   "Supone una suerte de otorgamiento de autorización tácita, incondicionada e ilimitada para la disposición y utilización de los recursos propios de esas instituciones ajenas a la Administración del Estado, que es quien de forma arbitraria se encuentra facultada para decidir cuándo y de qué modo el conjunto de las autoridades competentes del Estado deben aportar todos los medios humanos y materiales necesarios dependientes de esas instituciones ajenas a la Administración del Estado", explica.

   Además, los nacionalistas vascos advierten de que "la ausencia de definición clara de los supuestos de gestión de crisis puede llevar a una perturbación del esquema constitucional de distribución de competencias, invadiendo la autonomía de otras instituciones bajo una hipotética o difusa amenaza que parezca tener carácter permanente".

UTILIZACIÓN DE TODOS LOS MEDIOS

   Pero lo que el Ejecutivo defiende es que la intención al aprobar esta ley no es "asumir la jefatura" de instituciones que son competencia de otras administraciones, como las policías autonómicas y locales, sino de poner todos los "instrumentos a disposición de la envergadura de una situación".

   Así, Sáenz de Santamaría puso el ejemplo de una catástrofe como puede ser un terremoto, la cual requiere de la utilización de medios de varios ministerios así como autonómicos y locales. De hecho, recordó que el año pasado se llevó a cabo un gran simulacro de terremoto en Valencia que implicó la movilización de todos los medios disponibles para hacer frente a una emergencia de estas características.