El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado que el Gobierno "podría impugnar" el decreto de convocatoria de las elecciones al parlamento catalán del 27S "si no se adecuase a la Constitución".
"En el control de legalidad que al Gobierno le corresponde, podría impugnar, incluso, el decreto de convocatoria si no se adecuase a la Constitución y a nuestro ordenamiento jurídico", ha apuntado el ministro de Justicia en una entrevista en la emisora de radio Cope. No obstante, Catalá ha señalado que "no es necesario presuponer que va a haber un incumplimiento anticipado".
El titular de Justicia ha advertido de que "lo que puede hacer el presidente de la Generalitat es convocar unas elecciones para elegir representantes en el parlamento de Cataluña, eso y no otra cosa".
"El Gobierno va a tener absoluta firmeza en la defensa de la Constitución y, por tanto, impugnará ese tipo de actuaciones, tengan la forma que tengan", ha señalado el ministro, y ha añadido que "el Tribunal Constitucional ha dicho ya reiteradamente que una comunidad autónoma tiene las competencias que tiene y no otras".
Para el ministro, una hipotética declaración de independencia de Cataluña por parte de la Generalitat "directamente, es imposible". "No cabe en un Estado de derecho que alguien decida incumplir la Constitución y, si lo pretende, tenemos que tener todos la seguridad de que vivimos en una democracia, en un Estado de derecho, y tenemos mecanismos para hacer cumplir las normas a quien no las cumple. Esa es la fortaleza de una democracia", ha apuntado Catalá.
"Lo que va a pasar, según nos dice el Gobierno de Cataluña, es que van a proceder a la convocatoria de elecciones a diputados en el parlamento de Cataluña", ha afirmado Catalá, que ha insistido en que "el decreto de convocatoria, una competencia que le corresponde al presidente de la Generalitat, en teoría no puede hacer otra cosa más que eso, poner en marcha el procedimiento para elegir representantes en un parlamento".
Según Catalá, "el Gobierno no está pensando en que las administraciones públicas incumplan sus obligaciones", ya que "eso no debería estar dentro de las reglas del juego".
