El PP está barajando la posibilidad de aprovechar los meses que restan de legislatura para que el Congreso apruebe, antes de su disolución, una reforma parcial de su Reglamento que regule por primera vez la actividad de los grupos de influencia o 'lobbies' en el ámbito parlamentario.
El grupo mayoritario ya planteó propuestas sobre la regulación de los 'lobbies' durante los trabajos para la reforma del Reglamento del Congreso que arrancaron en febrero de 2014 pero que no llegaron a buen puerto por que, tras un año de reuniones, los grupos no fueron capaces de sellar acuerdos ni siquiera sobre el primer bloque de los once en los que dividieron el trabajo de la ponencia.
Cuando se constató el fracaso de las negociaciones y que en esta legislatura tampoco se cambiarían unas normas que apenas han sufrido ligeros retoques desde su aprobación en 1982, el PSOE se descolgó registrando en solitario una iniciativa para que los promotores de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) puedan presentar su propuesta ante el Pleno del Congreso, una propuesta que aún no se ha debatido.
Y hace dos semanas, Convergència registró su propia propuesta sobre 'lobbies' para obligar a sus representantes que tengan contacto con diputados a inscribirse en un registro público del Congreso. Además, abogaba por dejar en manos de la Mesa la Cámara la aprobación de un Código de Conducta para estos grupos, así como la publicidad y transparencia de sus actividades en la Cámara.
UN REGISTRO Y UN RÉGIMEN SANCIONADOR
La propuesta sobre esta materia que el PP puso sobre la mesa durante los infructuosos trabajos para la reforma del Reglamento eran muy similares a la planteada ahora por Convergència y apuntaba la obligatoriedad de publicitar las citas de los 'lobbies' con los parlamentarios y de crear un régimen sancionador.
En general existe consenso para regular la actividad de los 'lobbies' en el ámbito parlamentario por eso, el PP no descarta registrar una iniciativa concreta que podría debatirse en septiembre u octubre y quedar aprobada antes de la disolución de las Cortes.
Durante las reuniones de la ponencia encargada de reformas las normas internas de la Cámara también se alcanzaron principios de acuerdo para dar voz en el Congreso a los promotores de las Iniciativas Legislativas Populares, si bien el PP planteó que comparecieran en comisión y el resto de grupos eran partidarios de que pudieran hacerlo en el Pleno.
SUGERENCIAS CIUDADANAS A LAS LEYES
Sobre este aspecto, PP y PSOE sellaron un pacto al margen de aquella ponencia, concretamente durante la tramitación de la Ley Orgánica para el control de la actividad financiera de los partidos políticos. Los 'populares' pactaron una enmienda con los socialistas para garantizar que los impulsores de iniciativas surgidas de la sociedad civil las pudieran exponer en comisión.
Los grupos parlamentarios también están de acuerdo en que los ciudadanos puedan participar en el procedimiento legislativo haciendo comentarios y observaciones a través de la web del Congreso a los proyectos del Gobierno que, a su vez, deberían poner a disposición de los internautas toda la documentación que acompaña a cada una de sus propuestas.
El PP también propuso en su momento, lo que avaló la oposición, obligar al Gobierno a enviar informe al Congreso sobre la ejecución de las leyes aprobadas por la Cámara.
DIPUTADO RELATOR
Otra de las iniciativas que recabaron el consenso fue la de crear la figura del diputado relator, que asumiría la dirección de los trabajos de la ponencia y que defendería el texto que se presentara en la correspondiente comisión. También había acuerdo en que si lo pedía un solo grupo se pudiera pedir la comparecencia de expertos en comisión antes de que los partidos enmendaran los proyectos legislativos.
El PP podría recuperar también algunas de estas propuestas para elevarlas al Pleno y someterlas a debate y votación de forma que quedarán aprobadas antes de la disolución de las Cortes y pudieran aplicarse ya en la próxima legislatura.
