El empresario y vicepresidente segundo del FC Barcelona, Carles Vilarrubí, prestará declaración mañana ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, como imputado de un delito de blanqueo de capitales en el marco de la investigación sobre el patrimonio de Jordi Pujol Ferrusola, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Vilarrubí comparecerá ante el magistrado acompañado de su abogado, Emilio Zegrí. De la Mata, que ordenó el registro de su vivienda el pasado 27 de octubre en la 'operación Hades', le relaciona con la sociedad Restaurantes de Cerdanya investigada por haber recibido transferencias por importe de 400.000 desde cuentas en Andorra.
En un comunicado emitido tras la entrada en su domicilio, el directivo del Barça negó que en los años 90 fuera el "representante social" de esta empresa y precisó que en ningún momento fue el administrador, apoderado ni representante legal de dicha sociedad
"Mi participación real en esa sociedad se limita a que en los años 90, junto con otros amigos de la Cerdanya, decidimos respaldar económicamente a un restaurante de prestigio en la zona como era Torre del Remei, Relais Chateaux y pionero de la guía Michelin", indicó.
TRES AÑOS DE INVESTIGACIÓN
El Juzgado Central de Instrucción número 5 rastrea las actividades económicas de Jordi Pujol Ferrusola desde que el 17 de enero de 2013 su exnovia María Victoria Álvarez ratificara ante el juez Pablo Ruz que acompañó a Andorra al hijo mayor del 'expresident' para ingresar en un banco una mochila llena de billetes de 500 euros.
Tanto el primogénito del clan Pujol como su exmujer se encuentran imputados indiciariamente por un delito de blanqueo de capitales y otro de fraude fiscal.
El hijo mayor del 'expresident', que compareció ante el juez Ruz el 15 de septiembre de 2014, negó las acusaciones de su exnovia y que manejara grandes sumas de dinero en efectivo. "La gente no va por la vida así", aseguró, según fuentes de su defensa.
En el punto de mira de la justicia se encuentran cinco sociedades a nombre del matrimonio que, según el juez que actualmente dirige la instrucción, José de la Mata, y la teniente fiscal Anticorrupción, Belén Suárez, habrían recibido transferencias de hasta 8,5 millones de euros por parte de 17 grandes constructoras y empresas de servicios que directa o indirectamente declararon "ingresos procedentes de distintos organismos públicos de Cataluña".
Se trata de las mercantiles Iniciatives, Marketing i Inversions, Project Marketing Cat, Inter Rosario Port Services, Active Translation e Iberoamericana de Business and Marketing. En todos los casos se sospecha que se trata de empresas 'tapadera' que ofrecieron servicios ficticios para encubrir el pago de mordidas.
