El dueño de la franquicia de Vitaldent detenido este martes por la Policía Nacional, Ernesto Colman, exigía a sus franquiciados que le pagasen grandes cantidades en metálico que posteriormente sacaba fuera de España o lo reinvertía en otros bienes. Según fuentes de la investigación consultadas por Europa Press, el fraude asciende a varios millones de euros y la operación policial se precipitó ante la sospecha de que el principal implicado iba a fugarse cerrando el negocio y dejando las franquicias a su suerte.
Además del dueño han sido detenidas otras diez personas vinculadas con la administración de la franquicia, de los cuales varios pasarán a disposición de Juzgado de Instrucción Número 2 de Majadahonda que dirige las actuaciones y que ha declarado secreta la causa. Todas las detenciones han tenido lugar en la Comunidad de Madrid a excepción de uno que ha sido detenido en Torrevieja (Alicante).
Siempre según las mismas fuentes, el porcentaje que el dueño de Vitaldent exigía en dinero B a sus franquiciados era muy elevado por lo que el fraude es considerable. La operación corre a cargo de la Unidad central contra la Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional coordinada por la Fiscalía Anticorrupción. Además de las detenciones, se están realizando una quincena de registros.
350 CLÍNICAS Y 2.500 ODONTÓLOGOS
Las fuentes de la investigación consultadas hacen hincapié en destacar que estas detenciones no van a afectar al normal funcionamiento de las clínicas dentales. Vitaldent cuenta con más de 350 clínicas en España y 2.500 odontólogos trabajando en ellas. La Policía tenía datos para pensar que el dueño se iba a dar a la fuga con el dinero.
Fueron precisamente varios franquiciados los que acudieron a la Justicia para denunciar estas presuntas irregularidades. El Ministerio Público ha emitido un comunicado en el que advierte de la existencia de varios delitos cometidos por una "organización criminal" dirigida por Ernesto Colman "en detrimento de la Hacienda Pública y los franquiciados".
La Fiscalía también destaca que esta operación "permite garantizar la continuidad" de las clínicas "tanto por resultar de una actuación judicial en defensa de los franquiciados denunciantes como por que los franquiciados seguirán con la administración de dichas clínicas".
