El portavoz de Democràcia i Llibertat en el Congreso de los Diputados, Francesc Homs, cree que la Generalitat continuará ejerciendo su acción exterior, igual que ha hecho siempre y tal como hacen otras comunidades autónomas, aunque ha reconocido que tendrá que hacer "alguna lectura jurídica" de la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de suspender las funciones de la nueva Consejería de Exteriores.
"Se deberá hacer alguna lectura jurídica, pero van a continuar actuando, seguro", ha dicho en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press. Del mismo modo, ha negado que el consejero de Exteriores, Raül Romeva, quede "en el limbo" tras la decisión del TC, porque hay una Ley de Acción Exterior que está en vigor y que la Generalitat tiene que cumplir.
Y es que según Homs, el recurso del Gobierno de España contra esa Consejería ha creado un "absurdo", porque la Generalitat está obligada a cumplir la ley catalana de Acción Exterior, que está "avalada" por el propio Tribunal Constitucional. En la misma línea, ha recordado que el Estatuto catalán tiene un título dedicado a la acción exterior, también validado por el órgano de garantías.
El portavoz independentista ha puesto buen cuidado en criticar el recurso del Gobierno y no la decisión del TC porque, según ha explicado, la suspensión decretada el martes es una medida cautelar, automática en el momento en que se admite a trámite el recurso del Gobierno.
Además, ha recordado que en el anterior Govern había una Secretaría de Acción Exterior (bajo su Consejería de Presidencia) y que siempre ha habido acciones de promoción exterior económica y cultural, no sólo por parte de Cataluña sino de otras comunidades autónomas, y todo ello con el aval de la jurisprudencia del TC. "Me parece imposible dejar de poder hacer estas actuaciones", ha resumido.
Por otro lado, sobre la opinión de los servicios jurídicos del Parlament, que consideran que las leyes 'de desconexión' que planea el Govern deberían hacerse con proposiciones de ley y no a través de una ponencia, ha señalado que la Mesa de la Cámara la examinará la próxima semana. "Como no dice que no se pueda hacer sino cuál es la mejor manera, actuará en consecuencia la mayoría parlamentaria", ha resumido.
A su modo de ver, el problema está en que el recurso del Gobierno pretende "enjuiciar unas intenciones" que están supuestamente detrás de la creación de la Consejería y eso "no es ámbito de la competencia del TC". El juicio político es legítimo, ha dicho, pero no se puede confundir con la discusión jurídica sobre las competencias que es lo que tiene que hacer el TC.
