El pacto por la regeneración democrática y contra la corrupción que han firmado este viernes el PP y Ciudadanos recoge de forma "literal" las seis condiciones que el partido naranja exigió para poder negociar su apoyo a la investidura de Mariano Rajoy y pone plazo para tramitarlas, concretamente tres meses a contar desde la reelección del presidente.
El pacto ha sido suscrito este viernes en el Congreso por los portavoces parlamentarios de ambas formaciones, Rafael Hernando (PP) y Juan Carlos Girauta (C's), y era la condición previa para abrir la negociación de la investidura.
Los seis puntos del pacto firmado son los siguientes:
1. Separación inmediata de cualquier cargo público imputado formalmente por delitos de corrupción política -- lo que ahora se llama 'investigados'-- hasta la resolución completa del procedimiento judicial. "No se sentará ni en los gobiernos ni en los escaños si Ciudadanos está en una negociación", sentenció Rivera cuando presentó su oferta.
2. Eliminación de los aforamientos ligados a cargos políticos y representantes públicos. Se trata de acabar con los "privilegios" que, según Ciudadanos, tienen los políticos frente al resto de los ciudadanos. "Todos a primera instancia", reclamó el líder del partido naranja. Eso sí, el aforamiento de diputados y senadores y de los miembros del Gobierno está blindado en la Constitución de 1978.
3. "Nueva ley electoral" que modifique la vigente Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), cuya última gran reforma es de 2011, en la que, entre otras cosas, se implantó el voto rogado para los electores residentes en el exterior.
En primer lugar, esa nueva ley debe "incrementar la proporcionalidad". Según Ciudadanos, esto supone garantizar "que todos los votos valgan igual" o que haya "una mayor proporcionalidad para que no haya españoles de primera y de segunda".
El segundo objetivo ha de ser introducir las listas desbloqueadas para la elección del Congreso de tal manera que los votantes tengan una "mayor influencia sobre la elección final de sus representantes" y se "incentive una rendición de cuentas más personalizada entre la ciudadanía y sus representantes".
El tercer punto de la reforma es "la desaparición del voto rogado", ese requisito que obliga a los ciudadanos del exterior a solicitar previamente el ejercicio del sufragio. Se trata de "facilitar una mayor participación" desde el exterior.
Es sí, al tratarse de una ley orgánica, su aprobación exige un respaldo de la mayoría absoluta del Congreso, lo que supone 176 diputados. Y es tradición respetada que las leyes electorales, al formar parte de las reglas del juego de la democracia, cuenten con el voto de al menos los dos partidos mayoritarios.
4. Eliminar la posibilidad de indultos a condenados por delitos de corrupción política. El PP asegura que no los concede, pero faltaría que la ley lo prohibiera expresamente para que no dejar la cuestión al albur del Gobierno de turno. Ciudadanos exige que "no se pueda anular la justicia por compadreo entre amigos políticos": "No queremos volver a ver corrupción política y encima que nos la restrieguen por la cara con indultos", demandó Rivera.
LIMITAR MANDATOS
5. Limitación del ejercicio de responsabilidades de presidente del Gobierno a un máximo de ocho años o dos mandatos, una idea que Ciudadanos quiere implantar para evitar que pueda "perpetuarse" en el poder. Según dijo el dirigente 'naranja' Fernando de Páramo, si se aplicara, ésta sería la última legislatura de Mariano Rajoy.
6. Más Transparencia, para lo cual se reclama la creación de una Comisión de Investigación Parlamentaria sobre "la presunta financiación ilegal del PP" del 'caso Bárcenas', por los 'papeles' del que fue tesorero del PP nombrado por Mariano Rajoy. "Que se investiguen las responsabilidades políticas que se diriman de la financiación ilegal presunta del PP", exigió.
