Las reclamaciones y denuncias de los ciudadanos ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por falta de información sobre las instituciones y su actividad, han crecido un 135% en lo que va de 2016 al pasar de 517 en enero a 1.217 en octubre.
El órgano ha tramitado, desde su creación en 2015, 2.119 iniciativas ciudadanas entre las que destacan 1.217 reclamaciones(57%), 571 informaciones al ciudadano (27%), 214 consultas sobre aplicación de la Ley (10%) y 79 denuncias por su incumplimiento (4%).
De las 1.217 reclamaciones presentadas ante el Consejo, 978 corresponden a la Administración General del Estado y 239 a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, de las que se han admitido a trámite 146 relacionadas con asuntos de personal, ordenanzas fiscales y documentación de contratos.
Estas últimas --admitidas a trámite-- han crecido un 25% sobre las acumuladas hasta el mes de septiembre, correspondiendo la mayor parte a Cantabria (42), Castilla La-Mancha (38) y Asturias (25). En el resto del territorio han reclamado Extremadura (15), Ceuta (12), La Rioja (11) y Melilla (3).
EL GASTO DE EUROVISIÓN, LOS PRESOS DE ETA O LOS CONSEJOS DE MINISTROS
Las resoluciones estimadas en el último mes de octubre favorables a los ciudadanos permitirán conocer, entre otras cosas, el gasto del festival de Eurovisión de 2016, las órdenes del día de los Consejos de Ministros, el número de presos de ETA y Grapo en cárceles españolas o los diez mayores tenedores de deuda del Estado desde 2007.
Otras resoluciones en el último mes permitirán conocer los delitos de tráfico cometidos por personal militar, el contenido del libro de quejas del Ministerio de Sanidad, los fondos concedidos por el ICO a entidades privadas en 2015 o los viajes de los ministros de Industria a Canarias desde 2009.
A lo largo de su actividad, el Consejo que preside Esther Arizmendi ha resuelto reclamaciones que han permitido conocer asuntos como los gastos de las embajadas en el exterior, los fondos recibidos por la Iglesia Católica o la licitación de los trenes y líneas del AVE.
Destacan también las reclamaciones sobre el informe sobre restricción a uso hospitalario de la vacuna de la varicela, las reuniones con empresas del sector tabaquero o la declaración de intereses de los miembros del plan estratégico para el abordaje de la hepatitis C.
El Consejo tiene suscrito convenio --atender las reclamaciones que afecten a organismos y entidades-- con las comunidades autónomas de Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Cantabria, Ceuta, Melilla y, desde hace unos días, la Comunidad de Madrid.
