El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha denunciado este viernes al juez instructor de la causa por el proceso soberanista, Pablo Llarena, y a otros tres magistrados de la sala de apelaciones del Tribunal Supremo por presuntos delitos contra los derechos fundamentales de los diputados en prisión y en el extranjero, detención ilegal, obstrucción al funcionamiento de la cámara y prevaricación judicial.
En la denuncia, que se ha presentado la mañana de este viernes en el registro del Tribunal Supremo dirigida a la Sala Segunda, se sostiene que al mantener en prisión preventiva a los políticos soberanistas se están cometiendo delitos contra los derechos fundamentales, recordando que los parlamentarios gozan de inmunidad, por lo que deberían haber sido liberados al ser elegidos el 21-D.
Considera que mantenerles en prisión supone un "ataque contra la división de poderes, el autogobierno y la autonomía parlamentaria" ya que el Parlament tiene autonomía organizativa e inviolabilidad en el ejercicio de sus funciones, entre las que está investir al presidente de la Generalitat sin interferencias de ningún otro órgano.
"La limitación de los derechos de los diputados no violenta únicamente sus derechos subjetivos, y constituye un ataque contra la institución que presido, sino también contra los derechos de todo el pueblo de Cataluña, que han visto limitados sus derechos de representación política al no permitirse a los elegidos ejercer su mandato parlamentario", defiende Torrent en la denuncia.
La denuncia se formula por un delito de detención ilegal del artículo 167 o del 530 del Código Penal, un delito de quebrantamiento de la inviolabilidad de una Asamblea legislativa de una comunidad autónoma del artículo 499 y 500, un delito de impedir el ejercicio de los derechos cívicos del artículo 542 y prevaricación judicial, del artículo 446.
"PLANTEAMIENTOS EXTRAPROCESALES"
Concretamente, se dirige contra Llarena y los magistrados Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Alberto Jorge Barreiro por supuestamente alterar con sus decisiones "la garantía de imparcialidad e independencia judicial como paso previo a irrogar un tratamiento judicial desfavorable para con los diputados del Parlament", vulnerando sus derechos procesales y fundamentales con planteamientos extraprocesales, según el texto.
Atribuye a estos magistrados la "sistemática y reiterada infracción de los principios de objetividad y de imparcialidad" que deberán instruir y juzgar un procedimiento con evidente repercusión y raigambre política, añade.
Además, expresa que algunos razonamientos de los magistrados denunciados en sus autos "son indiciariamente reveladores de una conciencia de antijuridicidad, al introducir valoraciones extrajurídicas y claramente políticas", como, por ejemplo, la interpretación del desasosiego que según ellos sentiría más de la mitad de la población catalana y la práctica totalidad de la población española, relata la denuncia.
El escrito recuerda que el 24 de abril, la Mesa del Parlament acordó emprender acciones penales por las responsabilidades de los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo al impedir "el normal funcionamiento de la cámara con relación al proceso de investidura del presidente de la Generalitat".
CUATRO CANDIDATOS
Torrent constata que el 30 de enero propuso como candidato a la Presidencia de la Generalitat al diputado de JxCat Carles Puigdemont, y ante la imposibilidad de investirlo, sucesivamente propuso a Jordi Sànchez (en prisión preventiva); Jordi Turull (ingresó en prisión provisional tras la primera votación en el Parlament) y de nuevo Jordi Sànchez.
Destaca que todos estos candidatos a la Presidencia gozaban de la plenitud de sus derechos políticas, ya que "todos ellos se habían podido presentar a las elecciones al Parlament del 21 de diciembre de 2017, y habían adquirido la plena condición de diputado".
Sobre el intento de investidura de Puigdemont, Torrent defiende que Pablo Llarena actuó de forma "arbitraria y abusiva porque utiliza las herramientas procesales a su alcance atendiendo únicamente a criterios de carácter discrecional", al haber retirado y activado las euroordenes en función del contexto.
