El Gobierno ha anunciado hoy que derogará la reforma sanitaria del PP que retiró la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular para devolver el derecho a la sanidad universal.

Así lo ha asegurado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha advertido de que es un asunto "extraordinariamente importante" para toda la sociedad y de "decencia política".

Celaá ha explicado que la reforma sanitaria se aprobó a través de un Real Decreto en abril de 2012, con lo que el Gobierno tendrá que elaborar uno nuevo para dejarlo sin vigencia, cuyo texto podría estar listo en seis semanas para su aprobación por el Consejo de Ministros.

Posteriormente, según ha explicado, serán necesarios otros 30 días para su convalidación en el Congreso de los Diputados.

"Hoy se abre un proceso de diálogo con las comunidades autónomas y la sociedad civil para devolver el derecho a la protección a la salud a todas las personas en el Estado", ha señalado Celaá.

La reforma sanitaria, aprobada con Ana Mato al frente del Ministerio de Sanidad, introdujo también nuevos copagos farmacéuticos en función de la renta, que por primera vez afectaban a a los pensionistas.

Ante esta situación, algunos gobiernos autonómicos aprobaron iniciativas para aumentar la protección a los "sin papeles", que fueron recurridas por el anterior Gobierno ante el Tribunal Constitucional y que éste revocó al considerar que este colectivo no tiene derecho a la tarjeta sanitaria, como ha recordado la también ministra de Educación.

La portavoz ha augurado que una vez aprobada la nueva norma, "no habrá ninguna comunidad que la incumpla".

"Esto es una cuestión de decencia política, pero no solo de decencia política; esta protección a la salud es, además, un mandato de todos los organismos internacionales, de la ONU, de la UE, de la OMS e, incluso, del Defensor del Pueblo, que expresó su resistencia cuando el Real Decreto fue publicado", ha dicho Celaá.