El juzgado de lo Penal número 2 de Pamplona ha condenado a dos presidentes de coto de caza de Navarra y a un guarda a dos años y ocho meses de prisión, la mayor pena impuesta hasta ahora en España por un delito contra la fauna por envenenamiento de aves rapaces.

Además, han sido condenados a 5 años y 4 meses de inhabilitación especial para la gestión del aprovechamiento cinegético de cotos de caza y para el oficio de guarda de caza y para el ejercicio del derecho a cazar.

También deberán indemnizar a la Comunidad Foral de Navarra con 67.538 euros y a adoptar medidas de recuperación del daño causado, han informado en un comunicado las asociaciones Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF, que han ejercido la acusación particular en este procedimiento.

La condena, destacan estos colectivos, al ser superior a dos años, supone su cumplimiento efectivo y los condenados, aunque cabe el recurso de la sentencia, tendrán que entrar en prisión.

Los hechos se produjeron en 2012 en cotos de caza de Tudela y Cintrúenigo, donde murieron 138 aves rapaces y 4 cuervos por ingerir cebos envenenados. 

La sentencia reconoce que el envenenamiento fue planificado por la dirección de las sociedades gestoras de cuatro cotos de caza, dos de ellos de Tudela (Montes del Cierzo y Monte Alto) y los otros dos en Cintruénigo y de Fitero. 

El veneno fue la causa de la muerte de milanos reales, alimoches, milanos negros, aguiluchos laguneros y buitres leonados, especies protegidas que, en algunos casos, como el milano real, están catalogadas como “En peligro de extinción”.

Las ONG que han estado personadas como acusación en el procedimiento esperan que la sentencia "sirva de revulsivo a aquellos que se vean tentados a utilizar el veneno como método de control de depredadores" y sean conscientes de las consecuencias legales que ello puede suponer.

También resaltan el papel del Guarderío Forestal y la Policía Foral de Navarra para el esclarecimiento de los hechos y la importancia que han tenido durante el proceso las escuchas telefónicas llevadas a cabo.

Los informes "El veneno en España" (1992-2013) y "Casos Graves de Envenenamiento en España” (2010-2015) recogen 8.324 episodios de este tipo, que han causado la muerte de 18.503 animales.

Sin embargo, las ONG estiman que la cifra de envenenamientos de fauna en España podría llegar a alcanzar los 185.000 casos, ya que, según las especies, entre el 85 % y el 97 % de los animales no son localizados. 

Las ONG subrayan que la colocación de cebos envenenados es un método de caza "masivo, no selectivo y cruento para la fauna", que pone en peligro a aves y mamíferos, algunos con poblaciones muy amenazadas, como el águila imperial ibérica o el lince. 

También afectan a los animales domésticos, como perros y gatos, y supone un grave riesgo para la salud pública debido a la elevada toxicidad de los venenos que se utilizan. Por ello, su uso está prohibido por la legislación nacional y autonómica y está tipificado como delito en el Código Penal.