Una tensa calma se mantiene en Guinea, donde el gobierno militar encabezado por el capitán Moussa Dadis Camara declaró ayer dos días de luto nacional tras la muerte de al menos, 160 personas en la represión policial de una concentración de la oposición política el pasado lunes.

En una alocución la pasada madrugada por la televisión pública guineana, que es captada en Dakar, Camara anunció también la prohibición de “toda concentración de tipo subversivo” e instó al país a evitar “actos que conculquen el orden público”.

El jefe de la junta militar guineana pidió a los líderes eclesiásticos musulmanes y cristianos, los dirigentes políticos y los responsables de la sociedad civil que eviten “cualquier declaración y actos susceptibles de provocar desordenes e inestabilidad”.

Camara, que en una entrevista con la radio privada senegalesa RFM responsabilizó ayer, martes, a la oposición de las muertes causadas por las fuerzas de seguridad, mostró ayer su “pesar” por la violenta represión de una concentración de la oposición en el estadio 28 de Septiembre de Conakry, la capital guineana.

El militar anunció una “investigación” de los hechos, tal como exige la oposición, que acusó a las fuerzas de seguridad, especialmente a la Guardia Republicana –un cuerpo policial que depende directamente de la Presidencia– de violaciones de los derechos humanos, incluidos agresiones sexuales contra mujeres que participaban en la manifestación.

Antes de su discurso por televisión, Camara visitó anteanoche a algunos de los heridos durante la carga policial que fueron ingresados en dos hospitales de Conakry y, según medios oficiales locales, tenía previsto entrevistarse con miembros de la oposición.

Según la Organización Guineana de Defensa de los Derechos Humanos, la represión de la manifestación causó más de 1.250 heridos.

La ONG denunció también casos de violaciones de mujeres y otros “actos bárbaros” cometidos por los efectivos de los servicios de seguridad, que según demandó el ex primer ministro guineano François Louceny Fall, “deben comparecer ante el Tribunal Penal Internacional” (TPI).

“Las atrocidades cometidas por las fuerzas de seguridad son comparables a los crímenes contra la humanidad perpetrados entre 2002 y 2003 en la República Centroafricana por los rebeldes del Movimiento de Liberación de Congo liderado por Jean Pierre Bemba”, dijo Fall.

Según Fall, “tal como Bemba, que está siendo juzgado por el TPI por violaciones de los DDHH, los responsables de la masacre en Conakry se merecen el mismo trato”.