El Consejo de la Transparencia está de acuerdo con que el Gobierno se niegue a publicar el dosier sobre la situación de Cataluña que el Ejecutivo entregó a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, cuando viajó a Madrid en agosto del año pasado.

El Consejo entiende que se trata de "información especialmente sensible" cuyo conocimiento, además de incidir en la "política interna" de España, "implicaría un perjuicio en las relaciones entre España y el resto de países miembros " de la UE, así como entre la Unión y otros Estados, "sin que exista un interés público superior" que justifique difundirla.

"No puede obviarse la especial naturaleza de la información solicitada, una cuestión de especial relevancia social y política en nuestro país, por cuanto afecta a cuestiones esenciales como la configuración territorial y política de nuestro país", dice la resolución, recogida por Europa Press, que da la razón al Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación.

No obstante, el Consejo advierte al Ministerio de que alegar perjuicio para las relaciones exteriores no sirve "automáticamente" para denegar el acceso a una información, ni cubre de forma absoluta todos los contenidos relacionados con esa materia. El acceso a la información, subraya, solo puede limitarse en relación con "la protección concreta de un interés racional y legítimo".

Para denegar la publicación del informe, Exteriores había alegado que el "carácter confidencial de las comunicaciones" es un principio básico de las relaciones internacionales, aunque admitía que ese principio "tiene que ponerse en relación con cada caso concreto y no puede argumentarse con carácter general".

No obstante, también defendía que la información solicitada se enmarcada en el ámbito de la Ley de Secretos Oficiales, en particular por el Acuerdo de Consejo de Ministros del 15 de octubre de 2010 que clasifica buena parte de la información vinculada con ese Ministerio.

En este caso, el Consejo de Transparencia usa los mismos argumentos que a principios de 2019, cuando avaló que el Gobierno no hiciese pública una carta que le había entregado a Sánchez el embajador saudí: que el conocimiento del documento en cuestión podría implicar un perjuicio a las relaciones exteriores de España.

SÍ PIDIÓ PUBLICAR UNA COMUNICACIÓN CON EMBAJADAS

En cambio, el pasado octubre el Consejo de Transparencia sí que dictaminó que Exteriores debía hacer público un documento que también tenía que ver con Cataluña, esta vez enviado a las Embajadas españolas en el extranjero. El documento se titulaba "Democracia y modernidad. Coordinación con Embajadas. Estrategia de comunicación para causa especial ante el Supremo. Argumentario actualizado tras las elecciones generales 2019".

Exteriores alegó que el documento se enmarcaba en una excepción a la Ley de Transparencia, que es la referida a "información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas".

Sin embargo, en este caso el Consejo de Transparencia entendió que ese documento no podía catalogarse como "auxiliar o de apoyo por ser interno", ya que se trata de un documento con el que se traslada una estrategia de comunicación a las Embajadas y Consulados y la comunicacion, "por lógica, ha de ser hacia el exterior". Exteriores no cumplió la resolución pero tampoco la recurrió ante los tribunales.