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Sábado 23/01/2021

España

Cárceles catalanas proponen de nuevo conceder el tercer grado a los presos del 1-O

La Generalitat tiene un máximo de dos meses para avalar o no la propuesta

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  • políticos presos del procés.

Las Juntas de Tratamiento de las cárceles de Lledoners, Wad-Ras (Barcelona) y Puig de les Basses (Girona) han propuesto de nuevo clasificar en tercer grado a los nueve presos del 1-O Carme Forcadell, Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez.

El secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Generalitat, Armand Calderó, ha explicado este jueves en rueda de prensa en la sede de la Conselleria de Justicia que las tres Juntas de Tratamiento han acordado las propuestas en reuniones simultáneas que han comenzado a las 9 horas.

El equipo de tratamiento de Lledoners ha respaldado por unanimidad la semilibertad para Sànchez y Cuixart, y por mayoría para Romeva, Junqueras, Forn, Rull y Turull.

Los funcionarios de Puig de les Basses han propuesto por unanimidad el tercer grado para Dolors Bassa, y en la prisión de mujeres Wad-Ras, lo han propuesto por mayoría para Forcadell.

Al ser preguntado si la votación de los funcionarios puede estar influida por el mensaje del Tribunal Supremo (TS) que advertía de que podían cometer prevaricación si aprobaban la semilibertad, Calderó ha sostenido que trabajan amparados por la Ley y el Reglamento Penitenciario, y ha añadido que los equipos de tratamiento han "tenido en cuenta el auto el TS a la hora de valorarlo".

La clasificación penitenciaria de cada preso se revisa cada seis meses, y en julio las Juntas de Tratamiento de las prisiones ya propusieron este grado de semilibertad para todos los presos del 1-O: el TS lo tumbó en diciembre para los nueve al considerarlo una medida prematura, y la mayoría (excepto Forcadell y Bassa) no llegaron a usar el tercer grado porque quedó en suspenso tras los recursos que presentó la Fiscalía.

MISMO ITINERARIO DE RECURSOS

Tras la propuesta de los funcionarios este jueves, el Servicio de Clasificación Penitenciaria de la Conselleria tiene un periodo máximo de dos meses para dar el visto bueno o hacer una contrapropuesta: si avala la semilibertad, las prisiones deberán precisar los horarios en que cada interno podrá salir de prisión.

Calderó ha explicado que, a pesar de la resolución del Supremo sobre la anterior concesión del tercer grado, el itinerario de posibles recursos de la Fiscalía en caso de que la propuesta sea firme es el mismo: primero ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria (que puede darle efectos suspensivos o no), y en última instancia ante el Supremo como tribunal que los sentenció.

Ha recordado que, con la primera propuesta de seimilbertad, "todos los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria desestimaron los recursos de Fiscalía y avalaron todos el tercer grado", aunque finalmente los revocó el Supremo.

"MÁS TIEMPO" PARA VALORAR

Al exponer los argumentos para la nueva propuesta de tercer grado, Calderó ha explicado que los equipos de tratamiento han puesto "en una balanza" la resolución del Supremo, contrapuesta con que los presos del 1-O llevan en total más de tres años encarcelados y han pasado seis meses más desde la última revisión, cuando el TS consideró prematura la semilibertad, sin especificar cuánto tiempo debía pasar.

Ha destacado que los funcionarios "han dispuesto de más tiempo de observación para valorar", y ha señalado que algunos de los presos independentistas ya han cumplido un cuarto de su condena (Forn, Rull, Sànchez y Cuixart), mientras que al resto les quedan unos días para alcanzar la cuarta parte de la pena y todos la habrán completado el 11 de febrero.

"Cuando se dice que el tercer grado es prematuro, ahora ha pasado medio año más, es una realidad incontestable. Permite una observación detallada de la conducta de cada persona y de su evolución", ha sostenido Calderó, que ha defendido la propuesta de las Juntas de Tratamiento.

"LA ÚLTIMA PALABRA LA TIENEN LOS JUECES"

Calderó ha defendido que la propuesta de tercer grado se ampara en la Ley Penitenciaria, y ha añadido: "La última palabra la tienen los jueces y siempre, como administración penitenciaria, estamos sometidos a la jurisdicción de Vigilancia Penitenciaria y de los tribunales sentenciadores cuando corresponde".

Al preguntársele por un programa de tratamiento específico para la sedición que reclaman Fiscalía y TS, ha reprochado que "quienes tienen competencias para diseñar programas de tratamiento son los profesionales" de las cárceles, y ha asegurado que han hecho un programa individualizado para cada uno.

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