El Juzgado de Primera Instancia Número 70 de Madrid ha suspendido la vista que tenía prevista para mañana viernes en la que escucharía las alegaciones de la Abogacía del Estado y de la familia del dictador Francisco Franco sobre la demanda que presentaron los servicios jurídicos de la Administración --y a la que se unió la Xunta de Galicia-- para reclamar la propiedad pública de 564 bienes muebles que se encuentran en el Pazo de Meirás, en Sada (A Coruña).
Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el juez Roberto Fernández ha adoptado esta decisión este mismo jueves, después de que los abogados de la familia Franco presentaran una declinatoria de jurisdicción en la que sostienen que la demanda de la Abogacía del Estado no es competencia de un juez de lo civil, sino de lo contencioso-administrativo.
Las mismas fuentes han indicado que el titular del juzgado ha tramitado el escrito de los Franco y ha dado traslado de su contenido a los servicios jurídicos del Estado para que se pronuncien al respecto. Está previsto que, al recibir la respuesta de la Abogacía, el magistrado dicte si estima o no la petición de la familia.
Ante este escenario, el juez ha suspendido la vista que había fijado para mañana a las 10.00 horas, en la que tenía previsto estudiar las medidas cautelares que reclamó la Abogacía del Estado en la demanda que presentó el pasado 21 de septiembre.
Los servicios jurídicos habían pedido que se acordara la permanencia de los bienes dentro del Pazo de Meirás, y en depósito de la Administración, hasta que se resuelva "a quién corresponde la propiedad".
Para la Abogacía, es una medida cautelar que se considera "esencial" para "garantizar la conservación y protección de todos estos bienes, así como la integridad de los intereses históricos y artísticos vinculados a estos bienes por el lugar donde se encuentran".
La Administración reclama la propiedad de un total de 564 bienes muebles o documentos y legajos que se agrupan en tres categorías: bienes de Patrimonio Nacional; del Patrimonio Documental Español y bienes que son de dominio público por su afectación al uso del Pazo de Meirás como residencia oficial del jefe del Estado.
Los servicios jurídicos del Estado presentaron la demanda después de que los Franco solicitasen al Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña retirar todos los bienes depositados en el inmueble que no fueron reclamados por el Estado en su momento.
Este mes, la Xunta de Galicia anunció que se sumaría a la demanda interpuesta al respecto de la consideración de bienes de dominio público y patrimonio público, tanto de objetos procedentes de la etapa de Emilia Pardo Bazán (transmitidos en 1938) como de los instalados por Francisco Franco cuando fue jefe del Estado durante la dictadura.
En el escrito presentado ante el juzgado de Madrid, la Administración gallega expuso su "interés legítimo" para participar en este pleito, como ya lo hace en el procedimiento que está abierto sobre la titularidad del inmueble.
