La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada tiene señalado para este martes un juicio en el que la Fiscalía ha pedido tres años y medio de prisión para un promotor inmobiliario y diez meses para su mujer acusados ambos por la presunta comisión de un delito de estafa agravada después de que convencieran a otro matrimonio al que le había tocado la lotería para que les transfirieran más de medio millón de euros, que no les devolvieron.
Habrían instituido también una "garantía hipotecaria" sobre unas fincas que se valoraron supuestamente en una cantidad "claramente inflada", según consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press.
El escrito detalla que, el 1 de julio de 2009, el acusado, que se enfrenta también al pago de una multa de 2.700 euros, puesto de acuerdo con su mujer, para la que el ministerio público pide multa de 1.500 euros, y sabiendo que sus supuestas víctimas habían cobrado "un jugoso premio de lotería", actuaron supuestamente con "el común propósito de conseguir un beneficio económico indebido" pidiéndoles en primer lugar que les prestaran una suma de 330.000 euros.
Lo habrían hecho "sin derecho a cobro de intereses y con plazo de vencimiento a cuatro meses vista, según el contrato firmado por los cuatro intervinientes en igual fecha", detalla el fiscal, que añade que "en ningún momento tuvieron los acusados la intención de cumplir con la devolución del dinero recibido con fecha 10 de julio de 2009".
Meses más tarde, el procesado se habría aprovechado "tanto de su reputada condición de promotor inmobiliario en la zona del poniente granadino como de los escasos conocimientos" del denunciante, "conserje de profesión, para conseguir una nueva transferencia patrimonial instituyendo una garantía hipotecaria sobre algunas fincas que eran copropiedad de la pareja acusada".
Habría pretendido, sin conocimiento de su mujer en este apartado, dar la apariencia de "buen negocio" para los denunciantes de una operativa que, en realidad, "era ruinosa para sus intereses económicos pero muy beneficiosa para los encausados, ya que las fincas hipotecadas tenían realmente un valor residual en relación con el importe total de la cantidad prestada".
Así las cosas, transcurrido el plazo inicial pactado sin que devolvieran el importe inicial de 330.000 euros, habrían acordado una hipoteca "cuyos gastos de constitución por valor de 20.000 euros fueron anticipados por los perjudicados en marzo de 2010".
Posteriormente, a 6 de abril de 2010, se formalizó la firma de este nuevo contrato de préstamo con "garantía hipotecaria" por el que ambas partes "reconocían el adeudo de 637.000 euros" y los denunciantes transferían otros 287.000 euros el día 8 de ese mismo mes.
La valoración ficticia que habría incluido el acusado en la escritura pública fue de 765.000 euros por un total de 18 parcelas aunque el fiscal indica que "el valor real de todos los inmuebles era un 70 por ciento inferior" a lo fijado "interesadamente" en el documento notarial.
Pasado el 8 de abril de 2015 el plazo pactado de vencimiento del préstamo hipotecario, se activó un procedimiento de ejecución "donde se valoraron pericialmente las parcelas hipotecadas en un total de 226.443 euros", adjudicándose a los perjudicados por vía de apremio en la cantidad de 113.221 euros, "equivalente al 50 por cinto del valor de tasación".
