La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha presentado este miércoles un escrito en el Registro del Parlamento de Andalucía para declinar la invitación que lo hicieron los grupos parlamentarios para su comparecencia ante la Comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Cámara autonómica, ante la que ofrecer su visión de la Proposición de Ley de ordenación de Regadíos de los municipios al norte de la Corona Forestal de Doñana y que tiene como promotores a PP y Vox.
Más allá del hecho en sí, según ha podido conocer Europa Press de fuentes parlamentarias, no han transcendido los argumentos de este organismo estatal competente en materia de aguas para argumentar su negativa a ofrecer su perspectiva sobre la conversión de terrenos considerados forestales en la actualidad a suelos agrícolas regables, que es el propósito que buscan la iniciativa legislativa de PP y Vox y propiciar de esta manera que los agricultores se pueden dirigir precisamente a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a solicitar derechos de agua.
El rechazo de la Confederación del Guadalquivir a comparecer se produce al día siguiente de que una reunión extraordinaria de la Mesa de la Comisión de Fomento acordara ampliar el listado de comparecientes con la única incorporación del presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, a raíz de la polémica por su exclusión en el listado inicialmente aprobado y cuya presencia impulsaron los grupos Socialista, Por Andalucía y Adelante Andalucía.
El próximo martes, día 13, se producirá la intervención de los agentes sociales ante la Comisión de Fomento para expresar su aportación ante la Proposición de Ley de Regadíos en el entorno de Doñana.
Entre las propuestas que aprobaron los grupos figura la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, así como otros 22 comparecientes, entre ellos, los alcaldes de los municipios onubenses de Rociana del Condado, Almonte, Bonares, Lucena del Puerto y Moguer, afectados por la Proposición de Ley.
Así como a la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, las organizaciones agrarias Asaja, COAG Andalucía y UPA, y los sindicatos CCOO-A y UGT-A.
