La Consejería de Fomento y Vivienda ha firmado hoy un acuerdo de colaboración con la Universidad de Huelva para financiar tres proyectos de investigación sobre el acceso a las personas con menor nivel de renta a viviendas de titularidad pública y la racionalización del consumo energético.
El convenio de colaboración, que han firmado la consejera del ramo, Elena Cortés y el rector de la UHU, Francisco Ruiz Muñoz, contempla una financiación total de 585.900 euros de estos proyectos que inciden en las líneas estratégicas de acción política de la Consejería de Fomento y Vivienda.
"La Consejería está apurando al límite sus márgenes para destinar recursos al conocimiento. Y lo estamos haciendo en un contexto de fuerte retroceso de la inversión en ciencia por parte del Gobierno central", ha señalado Cortés, que ha destacado que este "esfuerzo inversor" dedicado a I+D+i "contribuye a fortalecer y crear empleo en sectores ligados a la economía productiva".
El primer proyecto tiene como objetivo general el desarrollo de sistemas inteligentes y autónomos de iluminación para la mejora de la seguridad en carreteras, con especial atención a las intersecciones.
Entre sus objetivos específicos figuran el desarrollo de un sistema de iluminación eficiente en consumo y de bajo coste; la generación de algoritmos seguros para el control de la iluminación en intersecciones; y la obtención de un sistema de comunicación remota que informe del estado de la señalización y garantice un mantenimiento preventivo de los equipos.
El segundo proyecto consiste en la generación de un modelo de estrategia a largo plazo para movilizar inversiones en la renovación del parque de edificios residenciales en Andalucía, de forma que dicha intervención se realice bajo criterios de eficiencia energética, "pretendemos llegar un ahorro de un 20 % de energía en el horizonte de 2020"", ha señalado Cortés.
El tercer proyecto implica un análisis de la intervención social que se desarrolla desde los servicios sociales andaluces con las personas que, dentro de los colectivos con me-nos recursos, acceden a las promociones de viviendas protegidas en Andalucía.
Incluir la perspectiva de la vivienda social como servicio social de interés general puede favorecer el trabajo en red entre los servicios sociales comunitarios y los profesionales de los servicios sectoriales, como el de la vivienda, que es una de las principales competencias de la Consejería.
"Las instituciones debemos todos los recursos a nuestro alcance para garantizar la efectividad del derecho a la vivienda", ha abundado la consejera.