Quince años después de que se derrumbasen unas viviendas en la localidad onubense de Lepe, nadie parece dispuesto a solucionar un problema que ha hecho que trece familias de la localidad comprasen sus casas, las hayan pagado por completo y algunas jamás las hayan ocupado.
La historia de este despropósito arranca poco antes de las tres de la tarde del 17 de agosto de 1998, cuando los propietarios que ya habitaban las casas escucharon "un ruido fuerte, similar a un trueno, como si un gran camión pasase por la puerta", ha explicado el portavoz de los afectados, Joaquín Serra.
La curiosidad les hizo salir a la calle, y una grieta en la fachada de una de las casas en la que cabía una mano les hizo ponerse en guardia rápidamente: "sacamos lo que pudimos, nos pusimos a salvo, y antes de llegar las noche tres casas se habían derrumbado y el resto de la acera estaba en ruinas".
Al día siguiente, recuerda Serra, el Ayuntamiento derribó, por seguridad, los restos de las primeras casas, y las demás quedaron en pie pero inhabitables, "pensando todos los afectados que en pocos días se resolvería, que los promotores responderían ante la chapuza que habían cometido, que las personas responsables darían el paso adelante, pero nada de nada".
Ahora, los afectados lamentan que no han sido reconstruidas a pesar de contar con una sentencia firme del Tribunal Supremo desde 2011, y como último trámite han pedido al juez encargado del caso que muestre las pólizas de las aseguradoras de los condenados, para proceder a la reconstrucción.
Serra explica que "la desesperación empieza a apoderarse del colectivo", ya que "los culpables están condenados, y además en firme, pero se basan, entre otras cosas, en que las pólizas de seguros no son suficientes para la reconstrucción, así que a ver qué dice el juez".
Por eso, alude a la "desesperante lentitud de la Justicia", al recordar que "casi dieciséis años después del suceso y dos después de tener la sentencia firme, las casas siguen derrumbadas", por lo que, entre otras cosas, han pedido el embargo de los bienes de los responsables del suceso para afrontar el inicio de la reconstrucción.
El mismo portavoz ha indicado que a los afectados no les consta que se haya hecho trámite alguno en estos dos años, y ha lamentado especialmente que "uno de los culpables, según la sentencia, tiene sueldo fijo en un organismo público, pero su nómina tampoco ha sido embargada, ni nada por el estilo".
Sobre los seguros, ha dicho que "las primas que tienen los culpables no dan para construir las viviendas otra vez", de modo que se reclama que se aporte todo el dinero necesario por distintas vías, calculado en unos 200.000 euros en total en la sentencia del Supremo.
Joaquín Serra ha llamado la atención sobre la "lamentable situación" que viven los afectados, que el pasado 17 de agosto cumplieron quince años sin sus viviendas, "a pesar de que algunos las habían comprado tan solo unos meses antes de que se cayesen, y se han pagado completamente a pesar de que no las han podido ocupar".
"Algunos pudieron sacar su coche recién comprado a tiempo del garaje antes de que se cayese encima, otros han muerto en este tiempo, otros se iban a casar cuatro días después y tenían su casa con todo lo necesario, y así hasta 13 dramas humanos que a nadie parecen importarle, y que durante más de quince años estamos sufriendo por haber cometido el pecado de comprar unas casas y confiar en la buena voluntad de la gente", concluye.
