Una cosa es investigar y otra ‘dar el cante’. Algo así parece que ocurrió en el registro del viernes en la Diputación Provincial de Huelva. Hasta el punto que el presidente de la institución supramunicipal, Ignacio Caraballo, declaró este martes en rueda de prensa que la Guardia Civil “ha incumplido” la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) por las formas empleadas en el registro efectuado en Diputación, a raíz de una denuncia dedos particulares hace dos años relacionada con subvenciones supuestamente ilegales sobre el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) en la Entidad Local Autónoma de Tharsis, perteneciente al municipio de Alosno, motivo por el que realizó otro registro en el Servicio Estatal Público de Empleo.
Caraballo explicó que desde el ente provincial, cuyos técnicos y trabajadores “han colaborado en todo momento”, entienden que “no se compagina el auto con el que el juez autoriza la entrada y el registro en la Diputación para la búsqueda de documentación, con las formas de la Guardia Civil para conseguirla”. Por tanto, remarca que existe “una vulneración absoluta” del artículo 552 de la LEC que el juez pide taxativamente en el auto que se cumpla, artículo que señala que “al practicar los registros deberán evitarse las inspecciones inútiles, procurando no perjudicar ni importunar al interesado más de lo necesario, y se adoptará todo género de precauciones para no comprometer su reputación, respetando sus secretos si no interesaren a la instrucción”. Por ello, cree que se produjo “un incumplimiento” por parte de la Guardia Civil de la LEC ordenado expresamente por el juez, al considerar que han realizado “una interpretación tremendista” del auto del juez. Asimismo, entiende que el número de efectivos es “absolutamente desproporcionado, tanto dentro como fuera de la Diputación”. De hecho, en el interior de las instalaciones, según indicó Caraballo, mientras el personal facilitaba la información requerida, “había presencia de agentes armados y uniformados”. El presidente del ente provincial recordó que, con anterioridad al pasado viernes, en dos ocasiones se había facilitado documentación requerida sin necesidad de este despliegue policial. “Nuestra colaboración siempre ha sido absoluta, por tanto, no podemos entender ni el despliegue ni el cierre de la Diputación durante toda la jornada”, enfatizó Caraballo.
El registro se llevó a cabo en cuatro despachos de la institución, el del PFEA, Personal, Mantenimiento e Intervención, de los 115 que existe en esta sede. Por tanto, cree Caraballo que “no había necesidad ninguna de cerrar la Diputación entera”, y puso como ejemplo que “a nadie se le ocurriría cortar el tráfico de una ciudad completa para facilitar el tránsito de una calle”, y remarcó que “esta desproporción es lo que ha ocurrido en la Diputación: se ha cerrado un edificio entero para inspeccionar cuatro despachos, vulnerando la ley y ocasionando un grave perjuicio a los usuarios de la administración pública y a la imagen de la institución”. “No podemos obviar tampoco el desconcierto que se produjo entre la población, ya que muchos usuarios se vieron afectados por la inactividad de la Diputación durante toda una mañana”, precisó Caraballo, que lamentó que “se paralizara el funcionamiento normal de una institución democrática por una actuación excesiva y arbitraria de la Guardia Civil”.
Así, aseguró que “una actuación tan desmedida por parte de la Guardia Civil, interpretando de manera desproporcionada un auto judicial en unas fechas tan cercanas a dos procesos electorales, puede estar significando una injerencia al normal y correcto funcionamiento del sistema democrático”. Y recordó que se trata de unas diligencias abiertas por una denuncia de un particular hace dos años, por lo que lamentó que “se haya esperado a las elecciones para hacer un despliegue desproporcionado e injustificado, habida cuenta de que anteriormente ya se ha facilitado toda la información requerida”, ya que este tipo de actuaciones, a su juicio, “provoca un ambiente de desconfianza entre la ciudadanía contra las instituciones democráticas, sin justificación alguna”.
Además, aseguró que “no se está dañando la imagen del presidente y el equipo de gobierno, sino la de una institución democrática y de los propios empleados”, pues a causa del registro “se perdieron 1.000 horas de trabajo de empleados públicos, dinero que pagamos todos los españoles, con un coste de más de 25.000 euros, más el personal del dispositivo judicial y el de la Guardia Civil”, por lo que se preguntó “¿quién se va a hacer responsable de todo esto?”
