El exalcalde de Úbeda, el socialista Marcelino Sánchez, ha presentado su baja en el PSOE y ha sido cesado como gerente del Instituto de Estudios Giennenses (IEG) de la Diputación de Jaén tras abrirse juicio oral contra él por el presunto delito de prevaricación en una contratación temporal realizada en la recta final del anterior mandato.


Sánchez se convierte así en el primer socialista que asume “plena y responsablemente” el código ético de la nueva dirección federal socialista de Pedro Sánchez que vincula a los miembros que resulten imputados en un proceso judicial.


La denuncia por prevaricación contra Marcelino Sánchez, que fue también en su día diputado de Cultura, la ha promovido el actual alcalde de Úbeda, José Robles, del PP, y se fundamenta en haber procedido, pese a informes desfavorables de los técnicos,  a una contratación laboral por un mes  de un maquinista de retroexcavadora  y conductor de camiones vinculado al PSOE, realizada  en julio de 2010, “momento en el que no se disponía de ese personal especializado en el Ayuntamiento, por baja médica de uno de los empleados y ausencia por vacaciones del otro”.  “En el contrato no había ningún interés personal, se tramitó ante la urgencia  de reparación de los caminos destruidos con los sucesivos temporales del invierno, por lo que respondía a  necesidades perentorias y de servicio público y siguiendo el procedimiento habitual del Ayuntamiento en estos casos”, defendió ayer Sánchez, que señaló que se trata de una “práctica administrativa municipal que se viene haciendo desde los años 80”. Entiende, por tanto, que se trataría de un “defecto administrativo” y no un delito de prevaricación.


Se da la circunstancia de que este caso ya fue archivado hasta en dos ocasiones por el Juzgado de Instrucción, y se ha reabierto ahora tras el recurso presentado ante la Audiencia de Jaén. Marcelino Sánchez se mostró este lunes convencido de que demostrará su “inocencia” y que “no todos somos iguales”. El exalcalde ubetense tiene claro también de que se trata de un “acto de venganza política” del actual regidor de Úbeda, del PP, “con el objetivo de hacerle el mayor daño posible en lo personal y en lo político al PSOE”, como respuesta a la denuncias por el escándalo de la contratación de la esposa del concejal de Agricultura en el Centro de Interpretación del Olivar.