La provincia de Cádiz precisa de un compromiso firme de las administraciones públicas por el empleo. Lo tienen claro tanto Antonio Pavón como Inmaculada Ortega, máximos representantes de UGT y CCOO, respectivamente. Pero su llamamiento ha caído en saco roto por el momento.
De hecho, el Gobierno de España reconoció en respuesta parlamentaria a preguntas de los diputados gaditanos del PP, y publicada a mediados de febrero, que no tiene previsto un plan de empleo específico, y descargó la responsabilidad en la Junta de Andalucía, pese al compromiso de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de que hubiera inversiones concretas para Cádiz.
Cuestionados al respecto, Ortega insiste en que es preciso un esfuerzo extraordinario con la provincia porque duplica la tasa de paro nacional, y Pavón reparte responsabilidad entre todas las administraciones, matizando que más que un plan de empleo, lo que se comprometió la ministra fue a sellar un Pacto por el Empleo con el conjunto de las instituciones.
La cuestión es que Cádiz ya ha tenido recursos extraordinarios y no han servido para cambiar el modelo productivo. El Gobierno de España informó, a consultas por medio del portal de transparencia por VIVA CÁDIZ, que aún no se ha llevado a cabo la valoración definitiva de la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) y se remitió a los datos hasta 31 de diciembre de 2022. El objetivo de la ITI era transformar el modelo productivo y generar empleo, pero a tenor del resultado parcial, no parece que haya alcanzado sus metas.
El último informe, en materia de empleo en el marco de la ITI, indica que se ha impulsado Incubazul, el acelerador de empresas vinculadas a la Economía Azul, y numerosas iniciativas con las Cámaras de Comercio con ayudas a las pymes para la incorporación de la innovación en las mismas en los ámbitos del comercio minorista y del turismo, con 2,7 millones de euros.
Sin embargo, en el eje concreto de actuación con pymes, solo se han ejecutado 13,1 millones de euros de un gasto comprometido de 74,2, mientras que se aprobaron doce proyectos en la provincia de Cádiz, ocho de ellos en el sector turístico y cuatro en el sector de industria transformadora con una previsión de gasto total de casi 62,3 millones de euros, pero de los que solo se han ejecutado 8,3 millones de euros.
Pavón admitió ignorar estos datos, pero se comprometió a solicitar UGT a nivel nacional la fiscalización de estas inversiones con fondos europeos. Ortega, sin embargo, no se anduvo con rodeos, y admitió “frustración” por no aprovechar las oportunidades, al tiempo que lamentó “la incapacidad de las administraciones” para sacar partidos de unos recursos “que estaban ahí”.
Ambos esperan que, sin embargo, den resultados los recursos asociados a los Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE), concretamente el relativo a la industria naval.
