La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha avanzado su idea de “facilitar a los promotores la disponibilidad de suelo a cambio de permutas o de la entrega de viviendas al Ayuntamiento”, una propuesta de colaboración entre el sector público y el privado que tiene como objetivo tratar de cubrir la demanda actual.

Según García-Pelayo, esta iniciativa ya “funciona” en Málaga y otras capitales, por lo que no estamos ante “un procedimiento novedoso”. Eso sí, el Consistorio se mostraría receptivo a “escuchar y atender todas las sugerencias y adaptaciones” que pueda proponer el sector inmobiliario.

Para ejecutar este plan se parte de la base de que el Ayuntamiento dispone de 190.589 metros cuadrados de suelo apto para la construcción de viviendas, 69.626 de los cuales en manos de la empresa municipal Emuvijesa. Las estimaciones que se hacen desde el Gobierno local elevan a “más de 3.000” los inmuebles que podrían construirse en esa superficie, una cifra que “coincide” con el total de personas inscritas como demandantes de vivienda.

La idea en cualquier caso pasa por “facilitar” la adquisición de suelo a las empresas promotoras “sin que tengan que abonar el precio en el momento en el que inician” la ejecución de sus proyectos, no obligándolas por otra parte a que todas las viviendas tengan que ser protegidas.

De llevarse a la práctica esta iniciativa, la alcaldesa entiende que contribuiría a “dinamizar el mundo de la construcción”, permitiendo además al Ayuntamiento “ir adquiriendo una bolsa de viviendas” que posteriormente podrían ofrecerse a los ciudadanos “en las condiciones que marca la ley, a precios asequibles”.

“Estamos dando un salto importante porque hemos abierto el camino para poner a disposición de los promotores suelo, y el acceso a una vivienda asequible. Esto nos sitúa en una ciudad moderna y competitiva, y también en una ciudad comprometida con tantas y tantas familias que esperan tener una vivienda a precios asequibles”, añadió García-Pelayo.

Buena acogida del sector

Emilio Corbacho, presidente de la Federación Provincial de Empresarios de la Construcción (FAEC), se mostró “esperanzado” con iniciativas como la puesta sobre la mesa por la alcaldesa de Jerez, ya que a su juicio el precio de la vivienda depende en buena medida de “los verdaderos tenedores de suelo”, que no son otros que las administraciones públicas.

En este sentido, reclamó que esos suelos se pongan “no al servicio de las empresas, sino de los ciudadanos”, para que de este modo puedan construirse “viviendas sociales, protegidas y de renta libre, que son las que permiten que puedan construirse otros tipos de viviendas a precios más asequibles”.

Según Corbacho, el sector está “en una fase de clara recuperación” tras el Covid-19, pero ya “sin las alegrías de otros tiempos”. Sea como fuere, “el futuro de la construcción está asegurado si se proyecta sobre su nueva realidad”, avanzando que vamos hacia una producción “más industrializada” que permitirá “acortar los plazos” pero “requerirá de una mayor especialización en los oficios”.