La comisión de afectados por el ERE del Ayuntamiento mostraron en  la tarde de ayer su satisfacción  por la receptividad del director general de la Administración Local de la Junta de Andalucía y del Jefe de Gabinete del Vicepresidente Diego Valderas, con los que se reunieron para trasladarles su situación. Según su propio balance, “ambos responsables públicos rechazaron el trato vejatorio hacia los trabajadores y  el  mal uso de los recursos públicos” por parte del Ayuntamiento a la hora de afrontar el proceso.   
El director general de  Administración Local, Antonio Maillo, recibió por espacio de una hora en su despacho de Sevilla a una comisión de  los  afectado, donde también se contó con la presencia deManuel Gómez de la Torre, jefe de Gabinete de Valderas.  Ambos responsables conocieron de primera mano el procedimiento seguido en la tramitación del ERE y el dinero “que le costará a los  jerezanos las indemnizaciones millonarias que tendrá que pagar el ayuntamiento al negarse al readmitir a los trabajadores”, exponen.
Tanto Maíllo como Gómez de la Torre conocían el fallo del TSJA, pero ayer recibieron “abundante información” sobre los costes que tendrá que afrontar el Ayuntamiento al no readmitir a los despedidos, y sobre las reiteradas declaraciones de María José García Pelayo y miembros de su Gobierno, “poniendo en duda la solvencia profesional y la dignidad de los empleados públicos”.
Maíllo  y Gómez de la Torre se comprometieron a estudiar toda la documentación y a trasladar el pertinente informe al vicepresidente de la Junta. Al mismo tiempo explicaron que aunque su dirección general  no tiene competencias fiscalizadoras sobre las actuaciones de los ayuntamientos, en casos como éste sí tiene libertad para expresar sus opiniones y en ese  sentido consideran que “la tramitación de un ERE no puede, en ningún caso, infringir un trato vejatorio a los trabajadores ni hacer un mal uso de los recursos públicos”.

La comisión de afectados pidió a su vez a Antonio Maíllo y Gómez de la Torre  que los responsables políticos lleven  este asunto a todos los foros posibles y, muy especialmente, a las mesas de debate del Parlamento de Andalucía.