Su nombre en clave: Operación Repícaro. Resultado: la desmantelación de un entramado criminal que ofrecía contratos de trabajo ficticios a cambio de dinero. Consecuencias: la detención de 62 personas y la imputación de otras 133 por un supuesto delito de fraude a la Seguridad Social, por valor de más de un millón de euros. Y todo ello gracias a la actuación de la Inspección de Trabajo y la Tesorería General de la Seguridad Social y a la actuación de la Guardia Civil tras la remisión a la Fiscalía de los preceptivos informes.
El subdelegado del Gobierno, Javier de Torre, daba cuenta ayer de todos los detalles en torno a esta nueva operación contra el fraude a la Seguridad Social y centrada, nuevamente, en la provincia de Cádiz, aunque hay detenidos e imputados de otras zonas de España. Por el momento se ha procedido a la puesta a disposición judicial de 195 personas, entre beneficiarios de los contratos, entramado criminal y el máximo responsable -un vecino de Jerez-, realizando detenciones en las provincias de Cádiz, Madrid, Sevilla, Ceuta, Jaén y Las Palmas de Gran Canaria. Hasta el momento hay 62 detenidos y 133 imputados, 127 de los cuales son de la provincia de Cádiz, al igual que todos los detenidos.
Las personas que pagaban por la obtención de estos contratos buscaban principalmente el cobro de prestaciones por desempleo y el acceso a beneficios penitenciarios como el Tercer Grado.
La operación Repícaro, desarrollada en el marco de las actuaciones que la Comisión Antifraude de la provincia de Cádiz viene propiciando, se inició al detectar los sistemas informáticos de la Tesorería y de la Inspección de Trabajo nueva actividad por parte de alguno de los imputados en operaciones anteriores. Un total de 221 movimientos de altas y bajas de 78 trabajadores, contratados por cuatro empresas ficticias, fueron comunicados a la Fiscalía gaditana.
Las investigaciones ordenadas por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Jerez, llevadas a cabo por agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, descubrieron la existencia de “un entramado criminal, liderado por un vecino de la localidad de Jerez que estaría creando empresas fantasma”.
Dicho entramado llegó a montar hasta cuatro empresas (dos de limpieza, una de construcción y una del taxi), teniendo una gran cantidad de trabajadores en su nómina, y al ser actividades que no tienen un lugar fijo de trabajo, representaron una mayor dificultad para las averiguaciones de la Inspección.
Las investigaciones desvelaron que no se cumplía con los pagos y obligaciones con los distintos organismos implicados, tales como los abonos de obligaciones fiscales y laborales contraídos por las empresas y los supuestos trabajadores, concretándose en que no tienen actividad de ingresos/gastos de bienes o servicios, por lo que queda patente que se trata de empresas simuladas, creadas con el único fin de dar de alta a falsos trabajadores con el fin de obtener prestaciones por desempleo o para la obtención de situaciones penitenciarias favorables (Tercer Grado penitenciario).
“Por medio de este sistema delictivo, este entramado, y sobre todo su líder, obtenía cuantiosos beneficios económicos, ya que a todos los trabajadores a los que daba de alta en las empresas, se les cobraba una cantidad económica en función de las necesidades concretas del mismo”, explicaban ayer desde Subdelegación.
De esta manera, ocasionaron un gasto a la Administración en forma de cotizaciones, prestaciones por desempleo y demás conceptos superior al millón de euros, ya que el total del fraude asciende a 1.061.866 euros. Se han recuperado 584.000 euros por parte del Servicio Público de Empleo Estatal en prestaciones cobradas o que se iban a cobrar, y se ha impuesto una sanción de 537.000 euros a estas cuatro empresas. El proceso administrativo sancionador queda en suspenso hasta finalizar la vía judicial.
