Las limitaciones con que cuenta la Administración de Justicia española en este momento para hacer cumplir la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género fue una de las cuestiones que abordó la actual magistrada del Juzgado de Instrucción número 54 de Madrid durante su conferencia Los jueces ante la violencia de género: medidas de protección contra las víctimas. Con este simposio concluyeron las jornadas Problemas de Derechos Humanos que preocupan a la sociedad de nuestro tiempo organizadas por la UNED en el edificio Kursaal.
En esta última conferencia, la que fuera en su día magistrada del Juzgado número 1 de Violencia de Género de Madrid comentó que, pese a que en los últimos cinco años el número de juzgados especializados en esta materia ha crecido desde los 17 iniciales hasta los 84 que existen actualmente -uno de ellos está en Algeciras-, “ahora mismo existe una limitación de medios” para garantizar las medidas de protección.
A este respecto, el profesor de Política y Servicios Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED Pedro Fernández Santiago agregó algo que ya había manifestado en su anterior intervención en este foro: la imposibilidad para muchas mujeres de obtener casas de acogida, en particular las que sufren algún tipo de discapacidad, ya que no están adaptadas.
Peñafort Lorente recordó que la ley “contempla estas situaciones” y que “se dan mayores ayudas en materia económica” en casos de este tipo, al tiempo que quiso dejar claro que el tratamiento de estos casos en el juzgado “es idéntico” al del resto de mujeres. “La escasez de casas de acogida es para todas, pero no hay discriminación”, argumentó.
Acuerdos
El coordinador de estas jornadas, el fiscal Juan Luis Moreno Retamino, hizo referencia a las malas artes de algunos abogados de la acusación que llegan a pedir la absolución de los maltratadores, en procesos en los que en un 90% de los casos se suele llegar a conformidades. La jueza añadió a este respecto que estas peticiones de absolución llevan detrás la consecución de acuerdos de separación y divorcio satisfactorios.
Tras esta conferencia, se cerró el seminario con la entrega de certificados a los participantes, dentro de unas jornadas que tuvieron un éxito de público moderado, anunciándose la intención de repetir la iniciativa en próximos años.
En la otra conferencia de la mañana, ‘Derechos fundamentales e instauración de la cadena perpétua’, el profesor de Filosofía del Derecho y Sociología Jurídica de la UNED y de la Universidad de San Pablo (CEU), Jesús Ayllón Díaz, planteó un intenso debate sobre la posibilidad de reinstaurar la cadena perpetua, una medida penal que ha salido a la palestra en las últimas fechas tras casos como el de la muerte de la niña Mariluz Cortés o el asesinato de Marta del Castillo.
Con estas tragedias de fondo, se abrió un coloquio en el que el ponente resaltó que la filosofía de toda condena es la reinserción, apuntando a que la posibilidad más plausible para la reinstauración de la cadena perpetua sería que esta se aplicase con posibilidad de revisión. Este debate, que discurrió “con mucha participación y frescura”, según indicó el subdirector del centro adscrito de la UNED del Campo de Gibraltar, Juan José Yborra, fue uno de los más interesantes del pasado fin de semana.
Otra de las ideas sobre las que giró la ponencia de Ayllón fue el hecho de que, aunque la sociedad pida las máximas condenas de manera apasionada, en la aplicación de la Justicia se debe huir de estas motivaciones y actuar desde el razonamiento para garantizar los derechos humanos.
Las jornadas ‘Problemas de Derechos Humanos que preocupan a la sociedad de nuestro tiempo’ llegaron ayer a su fin después de tres días de conferencias, coloquios y mesas redondas con una participación media de entre 30 y 50 personas. Durante las sesiones, se ha abordado el cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde diversos ámbitos jurídicos y sociales, como el terrorismo, la inmigración o la violencia de género.
La visita quizás más ilustre de estas jornadas fue la que realizó ayer tarde el fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo, quien en su breve paso por este foro resaltó las virtudes de España a la hora de aplicar estos derechos universales en los casos de violencia terrorista, tanto en el trato a las víctimas como a los presuntos culpables.
Por su parte, los hermanos Moreno Retamino, Julián (juez de la sala de lo Contencioso del TSJA), y Juan Luis (fiscal en Algeciras y coordinador de las jornadas), alertaron de la “estandarización” de los casos judiciales, en particular en los casos de extranjería, y apelaron al sentido común al aplicar la Justicia.
