La Delegación Territorial de Salud y Familias y la Dirección del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz han querido mostrar su apoyo a los profesionales --una médico de familia y un residente-- que el pasado viernes sufrieron una agresión por parte de un paciente en el Centro de Salud de San Benito, en Jerez.
La delegada, Isabel Paredes, y la directora del Área, María José Cano, han estado durante todo el fin de semana en contacto con los afectados y este lunes han mantenido una reunión en el centro sanitario, a donde se han desplazado para comprobar lo ocurrido. A esta reunión también han sido invitados representantes del Sindicato Médico, según ha indicado la Junta.
La delegada territorial ha lamentado lo ocurrido y ha anunciado que se tomarán medidas para que no vuelva a suceder, todo ello con el objetivo de salvaguardar la integridad del personal sanitario. En ese sentido, se ha solicitado un informe de la situación actual de todos los centros sanitarios de la provincia, a través de las unidades de prevención de riesgos laborales, y un cronograma de implantación de los correspondientes dispositivos de seguridad.
La Junta ha recordado que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de justicia, y así se han dictado sentencias en estos casos, castigándose con penas de uno a tres años de prisión.
Salud ha reiterado que condena cualquier tipo de violencia, tanto física como verbal, dentro o fuera de un centro sanitario, recordando que bajo ningún concepto o circunstancia puede justificarse este tipo de actuaciones y recuerda que desde la Consejería de Salud ya se está trabajando en una reforma del actual plan de agresiones a sanitarios.
Finalmente, ha indicado que la Junta de Andalucía reforzará con nuevas medidas más efectivas la protección de los profesionales sanitarios ante casos de agresiones en el desempeño de su actividad. Entre otras acciones, contempla nuevas medidas, como la puesta en marcha de un programa especial de acompañamiento al trabajador agredido.