I.S.R. tiene 20 años y desde el pasado mes de julio que salió de Puerto III después de tres meses por presuntamente quebrantar una orden de alejamiento y por un presunto delito de lesiones y amenazas, tiene prohibido pisar el término municipal de Jerez. Esta fue la condición con la que se le concedió la libertad a la espera de juicio, prohibiéndole desde el 9 de julio que abandonó el centro penitenciario  su entrada a Jerez. El problema es que su familia no contaba con que esta libertad le iba a salir “tan cara”, ya que ni el joven ni ellos tienen la solvencia económica ni trabajo para pagar su estancia en otras localidades donde se está quedando, como El  Puerto y Chipiona, quedándose en pensiones, pasando la noche en su coche o “dónde puede”.

Desesperada tras conocer que la Audiencia Provincial le acaba de denegar la modificación de esta medida para que I.S.R. pueda abandonar el destierro y deje de “malvivir en la calle”, Dolores, su madre, se concentrará hoy a las puertas del Juzgado de Instrucción número 2 que ha llevado el caso para pedir que le den una solución y se revise el caso de su hijo.  “Voy a acudir con una pancarta y no me pienso mover de allí. Mi hijo es aún presuntamente inocente, aún no ha habido un juicio, y ni  ha violado ni matado a nadie para estar desterrado de Jerez. Está en la calle tirado, cuando él tenía previsto hacer un grado superior de barcos”, lamenta tras romper a llorar.  Tal y como relata a Viva Jerez, los hechos se remontan a febrero de este año cuando una reyerta entre dos familias, la suya y la de otros vecinos, se saldó con la intervención de la Policía Nacional y varios heridos. “Yo terminé inconsciente porque me dieron un zoletazo en la cabeza y a mi hijo lo intentaron atropellar. Nos pegamos todos contra todos”, reconoce. Finalmente, todos los implicados quedaron en libertad provisional aunque el juez dictó una orden de alejamiento recíproca, si bien al día siguiente de los hechos la otra familia abandonó el barrio.

A los pocos meses, una denuncia de uno de los vecinos alertando de que el joven de 20 años había quebrantado la orden de alejamiento enviaba a I.S.R. a prisión “sin anestesia”, señala su progenitora, que niega que su hijo se saltara esta medida judicial. Desde ese momento comenzaba para ella y para su familia un calvario que cada día que pasa va a peor y que no mejoró cuando el pasado 9 de julio su abogado Gregorio Gómez consiguió que quedara en libertad pero con la prohibición expresa de no entrar en Jerez, una medida cautelar dictada sin un plazo en concreto pero que está siendo demasiado dolorosa para su familia y para el protagonista de esta historia.

De hecho, a finales de ese mes, como detalla el letrado, solicitó en los juzgados que se dejase “sin efecto” dicha prohibición porque su cliente tenía una oferta de trabajo y porque “económicamente” ni su familia ni  él mismo, que no tiene trabajo, puede mantenerse fuera de su ciudad. La juez se opuso y ayer mismo tras haber recurrido la Audiencia Provincial notificó también su negativa, con lo que la única solución que les pueda es volver a recurrir más adelante, independientemente de que el abogado haya alegado que las circunstancias del joven “han cambiado”, ya que ni la otra familia vive ya en su barriada, y su cliente tiene opciones de tener un empleo en su ciudad.

“La familia está en un sinvivir, porque no le encaja que no le permitan volver a su casa”, afirma el abogado de la familia. Sus vecinos, además, según apunta el letrado, apoyan la vuelta del joven a su barriada, y así consta en el documento con sus firmas que el abogado ha registrado en los juzgados para que se levante la prohibición de no poder pisar suelo jerezano.