Se refiere a la denuncia del promotor de la plataforma ciudadana "Salvemos Unicaja", Pedro Moreno, por supuestas administración desleal o apropiación indebida
La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha remitido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional la denuncia contra el presidente de la Fundación Bancaria Unicaja, Braulio Medel, por los pagos efectuados a la asociación Ausbanc cuando presidía Unicaja Banco.
El decreto de Anticorrupción, al que ha tenido acceso EFE, se refiere a la denuncia del promotor de la plataforma ciudadana "Salvemos Unicaja", Pedro Moreno, por supuestas administración desleal o apropiación indebida y precisa que la funda en los hechos probados de la sentencia del conocido como "caso Ausbanc" dictada por la sección cuarta de la Audiencia Nacional.
Moreno aludía al tercer hecho probado de esa resolución de julio pasado que condenó a ocho y cuatro años de cárcel respectivamente a los líderes de Ausbanc y Manos Limpias, Luis Pineda y Miguel Bernad, por extorsionar a bancos a cambio de evitarles acciones judiciales o campañas de descrédito y Pineda debía indemnizar a trece entidades, entre ellas Unicaja.
En el decreto de Anticorrupción, contra el que no cabe recurso, se precisa que del asunto de Ausbanc conoció e intervino la Fiscalía de la Audiencia Nacional y recuerda que el denunciante tiene también derecho a formular su denuncia ante el juez de instrucción competente.
Pedro Moreno precisaba en su exposición los hechos probados de la mencionada resolución judicial sobre "negociaciones entre Ausbanc y determinadas entidades mediante el uso del sindicato Manos Limpias como medida de presión" y respecto al denominado "caso Sevilla", sobre la relación entre Ausbanc y Unicaja por convenios de publicidad y patrocinios.
La denuncia de Moreno se efectuó contra Medel "y otros posibles responsables de los hechos reseñados".
Este no es el único frente judicial de Braulio Medel, ya que la pasada semana lo denunció igualmente la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) ante la Fiscalía de Málaga por el cobro supuestamente indebido de unos ingresos y en relación también al caso Ausbanc.
El vicepresidente de CIC, Jesús Barbosa, aseguró a EFE que aportaron diversa información para que el ministerio público investigue en relación con cuatro presuntos delitos: estafa continuada, apropiación indebida, administración desleal y contra la Hacienda Pública.
Barbosa se refirió a "cobros indebidos" de diferentes empresas en cuyos consejos de administración habría participado Medel "a título particular o en representación de Unicaja", hechos que -recuerda- fueron puestos en conocimiento de la Junta de Andalucía por el Banco de España.
El representante de CIC -organización que ejerció la acusación particular en el caso de las conocidas como tarjetas "black"- criticó que la Junta no moviera el asunto ni con gobiernos del PSOE ni del PP y espera que con los datos entregados el fiscal abra diligencias.
El caso de los cobros en Unicaja provocó que diputados de Vox presentaran un recurso contencioso-administrativo al creer que se produjo una "desestimación tácita" por parte de la Junta andaluza a su petición de entrega del expediente del Banco de España que, según aseguran, "cuestionaba" la percepción de dietas por parte de la cúpula de Unicaja con Medel de presidente.
El actual gobierno andaluz remitió al Banco de España un informe de 2017 del anterior Ejecutivo autonómico (PSOE) donde se archivaba el expediente abierto diez años antes sobre cobros que supuestamente habría recibido Braulio Medel de varias sociedades cuando presidía Unicaja.
Aparte del ámbito judicial, cuatro patronos de la Fundación Bancaria Unicaja que preside Medel presentaron un escrito de amparo ante el Protectorado de las Fundaciones Bancarias, dependiente del Ministerio de Economía y Transformación Digital, por "las irregularidades acaecidas en la gestión y toma de acuerdos del patronato" de la referida fundación.
Estos patronos, críticos con Braulio Medel, previamente impugnaron el acuerdo de la última reunión del patronato que aprobó mantener a sus cuatro representantes en el consejo de administración de Unicaja Banco -quinto banco del país, que tiene su sede en Málaga y del que es su mayor accionista-.