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Investigan en Málaga posibles pagos a funcionarios de Hacienda por falsos certificados

La operación policial y judicial ha dejado en total 31 personas arrestadas, entre ellas, nueve funcionarios de Hacienda

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  • Ciudad de la Justicia de Málaga. -
  • Quince de los investigados ya han ingresado en prisión por orden judidicial, seis de ellos empleados públicos
  • Se investigan presuntos delitos de falsedad en documentos públicos, cohecho, estafa y blanqueo de capitales
  • En los inicios de la investigación los agentes pensaron que no se trataría de una trama con tantos investigados ni delitos

El Juzgado de Instrucción número 1 de Málaga y la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investiga posibles pagos a funcionarios de la Agencia Tributaria de Málaga por falsos certificados tributarios.

El instructor ha decretado secreto de sumario de una operación que sigue abierta y que se ha desarrollado en dos fases de detenciones, la primera en abril y la segunda la semana pasada, que se hizo una ampliación del operativo.

En total se han arrestado 31 personas (entre ellos nueve funcionarios de Hacienda), de los que quince ya han ingresado en prisión por orden judidicial, seis de ellos empleados públicos.

Fuentes judiciales han indicado a EFE que los delitos que se investigan son falsedad en documentos públicos, cohecho, estafa y blanqueo de capitales "pero de ahí surgirán nuevos delitos de naturaleza económica derivados de la utilización de los supuestos certificados".

Las fuentes han destacado que no solo comete el delito la persona que emite esos certificados, "sino también el que los paga ya que se trataría de un cohecho y, además, al saber que eran falsos también han podido incurrir en delitos de falsedad en documento público", han precisado.

Las pesquisas giran en torno a una supuesta trama de certificados tributarios después de que la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) detectara irregularidades en la expedición de los mismos y entre los investigados además de funcionarios hay empresarios, gestores y particulares, entre otros.

La investigación se inició en torno a una presunta trama de certificados tributarios de estar al corriente en el pago de impuestos y carecer de deudas con la Agencia Tributaria, que sirve para acreditar la solvencia de empresas y particulares.

En los inicios de la investigación los agentes pensaron que no se trataría de una trama con tantos investigados ni delitos pero para "sorpresa" de los mismos el caso es mucho más extenso y amplio y afecta a funcionarios con dilatada trayectoria profesional, según las fuentes. 

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