El Ayuntamiento del municipio malagueño de Alhaurín de la Torre exigirá a las entidades financieras que paguen el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) así como la plusvalía de las viviendas de aquellos vecinos que las hayan perdido.
La Concejalía de Economía y Hacienda presentará en el próximo pleno una moción pionera con el objetivo de poner medidas para "no perseguir tributariamente" a los vecinos afectados por ejecuciones hipotecarias, según ha informado el edil del Área, Francisco Martín.
Así, se solicitará al Patronato Provincial de Recaudación de Málaga, que tiene las competencias recaudadoras en el municipio, que no requiera el pago del IBI a los ciudadanos que estén inmersos en un proceso de este tipo por no poder pagar el crédito que mantienen con el banco.
En este sentido, el Consistorio reclamará que sean las mismas entidades financieras que han ejecutado las hipotecas contra los contribuyentes de Alhaurín de la Torre y que se han adjudicado los inmuebles las que hagan frente al abono de las cuotas pendientes.
El edil ha precisado en un comunicado que ya se han producido varios casos de este tipo, aunque no se han podido contabilizar, en los que personas que han perdido sus viviendas han seguido recibiendo los recibos del impuesto debido a que el banco o la caja no modifica la titularidad del inmueble.
"Es una situación injusta y contra la que hay que poner medidas", ha señalado, al tiempo que ha destacado que el objetivo de esta moción es "no contribuir a agravar la ya deteriorada situación financiera de muchas familias inmersas en este desagradable proceso de una ejecución hipotecaria o de transmisión forzosa de su casa".
En la moción también se pide al Patronato que, en estos casos en los que el banco o la caja se quede con la propiedad, sea suficiente la propia ejecución para justificar de forma automática la insolvencia del vecino deudor.
Ello supondría, ha concretado, que se derivara directamente hacia la entidad financiera no sólo el IBI, sino otros impuestos como el impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, devengado del propio proceso de enajenación forzosa de la vivienda.
