El Juzgado de lo Penal número 2 de Málaga tiene previsto juzgar esta próxima semana a un arquitecto técnico y a un técnico municipal de la localidad malagueña de Frigiliana, acusados por el ministerio fiscal por, supuestamente, propiciar la construcción de una casa de recreo con piscina en suelo no urbanizable. También se enjuiciará en la misma vista oral al hombre que compró la finca rústica para hacer dicha vivienda.
Este juicio, que ya se había suspendido en ocasiones anteriores, está previsto para el viernes día 11, según fuentes judiciales. Las conclusiones provisionales de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga señalan que uno de los acusados, como administrador de una empresa, adquirió una finca rústica con 3.679 metros cuadrados en el paraje Loma de la Cruz de Frigiliana, con la intención de "construir una casa para pasar los fines de semana con la familia".
Para ello, contrató a un arquitecto técnico, quien, como se indica en el escrito inicial del ministerio fiscal, redactó el proyecto para una casa con piscina en suelo clasificado como no urbanizable, según la revisión de las normas de planeamiento de Frigiliana, siendo "conocedor de las dificultades de legalización" de las viviendas rurales, según esas normas, o unifamiliares, según la legislación andaluza.
Por esto, diseñó una construcción de 40 metros cuadrados, diáfana, con techos altos, con una piscina, precisad la acusación pública, señalando que presentó "dos proyectos separados para la construcción de un almacén de aperos y una alberca". En diciembre de 2005, según añade esta parte, "con el fin de incumplir las normas señaladas y buscar apariencia de legalidad", solicitaron licencia en el Ayuntamiento.
Así, según la calificación provisional de la Fiscalía, a la que tuvo acceso Europa Press, se iniciaron dos expedientes, uno para el almacén y otro para la alberca. Entonces, el técnico municipal acusado "conocedor de la finalidad recreativa de la edificación y de la simulación procedimental empleada", informó a favor de la concesión de ambos permisos por separado, aunque "ambas edificaciones se encuentran juntas".
Las licencias fueron concedidas dos días después, tras asumir tanto la secretaria como el alcalde el dictamen. Posteriormente, en julio de 2006, el promotor de la vivienda solicitó "sin proyecto" otro permiso para otras actuaciones en la zona que fue concedida "del mismo modo que las anteriores con el informe favorable" del técnico municipal, quien dos años después, en 2008, certificó el final del almacén y la alberca.
Lo hizo "pese a que la solución constructiva era una casa de altos techos, preparada la distribución para cocina e instalación de fontanería y eléctrica, aunque sin tabiques; y una piscina con ducha en zona de esparcimiento de cemento que forma una especie de puente que une la casa con el carril". El dueño de la finca pidió licencia de primera ocupación, informando a favor el técnico municipal "pese a incorporar fotos de la realidad construida".
"Esta vivienda de recreo en suelo clasificado como no urbanizable no se encuentra amparada en las licencias fraccionadas para la construcción de almacén, alberca y carril, conociendo los acusados que sus actos se realizaban para ocultar las verdaderas finalidades del proyecto y tratar de eludir los requisitos establecidos en la LOUA y las normas subsidiarias", asegura la Fiscalía de Medio Ambiente.
El ministerio público acusa al dueño del terreno y al arquitecto por un delito contra la ordenación del territorio; mientras que al técnico lo acusa de un delito de prevaricación urbanística. Solicita para cada uno la pena de un año de prisión y multa de 5.400 euros. Además, pide para el arquitecto y para el técnico un año y ocho años de inhabilitación, respectivamente, para desempeñar sus respectivas profesiones.
