Málaga Ahora quiere que la capital siga la estela de ayuntamientos como el de Barcelona o Zaragoza que han acordado no contratar a empresas sancionadas por prácticas irregulares como pactar precios o repartirse concursos, así como aquellas que tengan sociedades en paraísos fiscales.

En la propuesta que va este jueves a pleno proponen que las empresas licitadoras en concurso suscriban una Declaración de Compromiso de Responsabilidad Social Corporativa para evitar prácticas vinculadas al fraude y la evasión de impuestos, permitiendo la resolución del contrato en caso de incumplimiento.

“Se da el caso que tanto FCC como ACS, ambas accionistas de Limasa, la segunda a través de su filial Urbaser, ya han sido sancionadas por conformar, junto a otras, un cártel para la apropiación de los servicios públicos, además de que ambas figuran en los papeles de Bárcenas como donantes ilegales del PP”, denunció ayer el edil Juanjo Espinosa.