Limasa ha abierto un expediente y estudia despedir al jefe de compras que presuntamente infló facturas de un proveedor de material de suministros metálicos y que está siendo investigado. Se estima que la cantidad defraudada, incrementando el precio de pequeñas facturas, se cree que en connivencia con el proveedor, podría ascender a más de 9.434 euros, de momento.
El edil de Medio Ambiente, el popular Raúl Jiménez, ha avanzado que se estudia si las irregularidades detectadas pueden ser constitutivas de un delito continuado de apropiación indebida.

Un empleado fue el primero que dio la voz de alarma de que algo no cuadraba. El consistorio contrató a un bufete de abogados y hasta a un detective que siguió al empleado investigado. Se han clonado teléfonos móviles, ordenadores y cuentas de correo corporativo de varios empleados.  El propio proveedor, cuyas facturas no cuadraban, tras varios intentos, acabó contando lo sucedido.

Jiménez ha lamentado este viernes no poder explicar en la próxima comisión de Limasa estas supuestas irregularidades. El popular alega que han rechazado su comisión y ha criticado muy duramente este órgano creado para arrojar luz sobre la gestión de la limpieza en Málaga. Desde Ciudadanos, el portavoz de la formación naranja y presidente de la comisión, Juan Cassá, defiende que la petición no llegó a tiempo. 

La próxima sesión tendrá lugar el 21 de julio y está previsto que el alcalde, Francisco de la Torre, comparezca en ella.