La Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA) ha interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la modificación de la tasa por la recogida de basuras de actividades económicas, aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Málaga el pasado 27 de septiembre, al entender que "no se ajusta a Derecho" y supone aumentar la carga impositiva a los apartamentos con fines turísticos, "los cuales ya tributan por el concepto de basura a través del Impuesto de Bienes Inmuebles".

La organización, que representa en Andalucía al sector de las viviendas turísticas, ha recurrido el acuerdo plenario del Ayuntamiento malagueño por incluir en la modificación de la ordenanza de recogida de basuras de actividades económicas a este tipo de apartamentos "cuando la realidad es que no se encuentran en dicha calificación de actividad económica sino de finalidad residencial".

Esto supone "tanto un agravio como una vulneración de derechos para sus propietarios", han precisado en un comunicado. Así, entre las alegaciones presentadas aluden a que el acuerdo del Consistorio de Málaga produce un "quebrantamiento" de los principios de seguridad jurídica, capacidad, proporcionalidad e igualdad en la actuación administrativa.

Consideran además que no queda justificado en el informe económico-financiero municipal que el importe de la tasa ahora modificada se corresponda con el coste real de los servicios en viviendas turísticas "ya que no generan más volumen de basuras y residuos sólidos que cualquier vivienda de uso propio".

ASEGURAN QUE CUMPLEN LA NORMATIVA

AVVA lamenta haber tenido que recurrir a la vía judicial para proteger los derechos de aquellos que "legítimamente han decidido poner en alquilar sus viviendas con fines turísticos, cumpliendo con todos los requisitos normativos, de dotaciones y tributarios que les corresponden, y de acuerdo al Registro de Turismo de Andalucía en que se encuentran inscritas".

El presidente de AVVA, Carlos Pérez-Lanzac, ha declarado que no les ha quedado más opción que acudir a la Justicia "ante una iniciativa de mero afán recaudatorio y no ajustada a Derecho ya que califica como actividad económica a las viviendas turísticas cuando no lo son, como ya han sentenciado varios tribunales, que provoca un agravio comparativo con otras modalidades de alquiler de corta temporada y sin contar, además, con métricas que demuestren que sea cierto que el residente turístico genera mayor basura que un vecino convencional".

Pese a ello, ha tendido la mano al Ayuntamiento: "Nos hubiera gustado que las medidas que se adopten cuenten con el sector y así contribuir de forma consensuada a dotar de seguridad jurídica, de estabilidad normativa y garantías de calidad de servicio, no sólo a los cientos de propietarios de viviendas turísticas que hay en Málaga sino también a sus usuarios, visitantes, comerciantes, hosteleros y, en general, al resto de ciudadanos malagueños que, de una forma u otra, se ven beneficiados por su funcionamiento".