Así lo recoge el escrito de 245 folios registrado ayer en el Alto Tribunal y redactado por los abogados Íñigo Iruin y Adolfo Araiz, que concluyen pidiendo al Supremo que desestime las demandas presentadas por la Abogacía del Estado y la Fiscalía y ordene al Ministerio del Interior la inscripción de Sortu en el Registro de Partidos Políticos.
“Los estatutos de Sortu y su legalización conducirán al fin de la violencia en el País Vasco y en el Estado, porque suponen la estrangulación definitiva de cualquier espacio social y político para que quienes la practican puedan continuar con su actividad, y cualquiera que sea el proceso de su desaparición es evidente que ésta se acelerará”, señalan las alegaciones.
El escrito insiste en esta idea al asegurar que “el contenido de sus estatutos convertirá a Sortu, una vez legalizada, en un agente activo de deslegitimación política e ideológica de la violencia y el terrorismo, contribuyendo a que se produzca el fin de la lucha armada de ETA, por cuya desaparición aboga sin duda alguna”.
Las alegaciones niegan también que Sortu sea una sucesión de Batasuna, señalando que sus estatutos suponen la materialización de “una ruptura orgánica, funcional y de actividad con los partidos ilegalizados”, que además es irreversible.
“No se pretende la refundación o reconstitución de Batasuna ni de manera formal ni disfrazada; ni mientras subsiste ETA ni cuando desaparezca, porque también entonces será imposible jurídica y materialmente. Y no existe esa similitud porque se han alterado los elementos esenciales de lo que era Batasuna y que dieron lugar a la ilegalización”.
Los abogados de Sortu acusan a la Abogacía y al Ministerio Público de “sobreactuar o dimensionar en exceso incluso realidades inexistentes” y les reprochan haber incorporado a sus demandas “nuevas exigencias no jurídicas”, subiendo el listón “más allá de lo que desde el Gobierno y la Fiscalía se decía antes del acto del (Palacio) Euskalduna”.
