En concreto, según estas fuentes, se han incoado expedientes a cuatro agentes que pertenecen a la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y un quinto a otro miembro de la Unión de Guardias Civiles (UGC).
Los expedientes se han abierto, entre otros agentes, a los cabezas de lista de ambas asociaciones para las elecciones al Consejo de la Guardia Civil que se celebrarán el próximo día 22, entre ellos el presidente de UGC, Miguel Angel Lezcano, y el líder de AUGC, Alberto Moya.
En el caso de Lezcano, la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil le ha abierto expediente, según las mismas fuentes, por dos faltas muy graves, que pueden acarrear la expulsión del Cuerpo.
Una de las faltas muy graves se ha incoado por desobediencia a la orden del director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, de no asistir a la manifestación del pasado mes de octubre.
La otra falta se fundamenta por realizar supuestamente actividades sindicales.
El expediente abierto a Lezcano tiene fecha de 19 de diciembre, pero le ha sido comunicado en las últimas horas, cuando queda una semana para las elecciones.
Los otros cuatro expedientes a dirigentes de AUGC aún no han sido comunicados.
La Junta Directiva Nacional de AUGC ha criticado, en un comunicado, que la apertura de estos expedientes se produzca a siete días de las elecciones al Consejo de la Guardia Civil y tres meses después de esta manifestación “legal y pacífica”.
Además, ha denunciado la “estrategia de acoso” al movimiento asociativo en la Guardia Civil por parte de quienes “no quieren avances democráticos y de modernización en la institución”, y de quienes “no quieren que los guardias civiles sean protagonistas de sus mejoras profesionales y retributivas”.
“La Guardia Civil está poniendo serios impedimentos para que la posibilidad real de voto de los guardias civiles se haga efectiva en las elecciones del Consejo de la Guardia Civil del próximo día 22 de enero”, añade la AUGC.
La asociación ha anunciado que emprenderá “todas las acciones legales y sindicales a su alcance para derrotar jurídica y políticamente estos expedientes”.
"Esta torpeza política del Ministerio de Interior reabre el conflicto interno en la Guardia Civil y es en realidad un gesto débil de más rancio autoritarismo”, según la AUGC.
