El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu acordó ayer dejar en libertad a los siete piratas detenidos el pasado miércoles en aguas de Somalia, “por imperativo legal y en absoluta disconformidad”, después de que la Fiscalía haya retirado su acusación contra ellos. 

Así lo ha acordado el juez, que ordena a la autoridad que custodia a los piratas que los ponga en libertad “inmediatamente”, en un auto en el que rechaza la petición de la Fiscalía de entregar a los corsarios a Kenia en virtud de un convenio firmado entre la Unión Europea y ese país sobre las condiciones y modalidades de entrega de personas sospechosas de haber cometido actos de piratería. 

Esta decisión, contra la que cabe interponer recurso, afectará a los otros siete corsarios detenidos este jueves por los militares españoles, ya que, según han anunciado fuentes jurídicas, la Fiscalía no ha pedido ninguna medida cautelar para ellos y, por tanto, Andreu tendrá que decretar su libertad en las próximas horas. 

Andreu no obstante ha decidido continuar con el procedimiento judicial al considerar que tiene la “ineludible obligación” de continuar las investigaciones porque el Estado Mayor de la Defensa denunció “unos hechos que serían constitutivos de delito y sobre los que la jurisdicción española tiene plena e indiscutida competencia”. 

Si bien, el magistrado advierte de que con la resolución que “se ve obligado a adoptar”, no podrá “terminar con el enjuiciamiento de los inculpados”. 

El jueves, la fiscal Blanca Rodríguez pidió al juez el ingreso en prisión de los corsarios por los delitos de detención ilegal, robo con violencia y empleo de armas, aunque ayer cambió de criterio y reclamó dejar sin efecto la prisión acordada por Andreu. 

Rodríguez, que también pidió el archivo de la causa, defendió anteayer la competencia de la Audiencia Nacional basándose en el principio de jurisdicción universal para el delito de piratería al tratarse de un ilícito cometido en el extranjero, “perseguible en todos los países” por el principio de jurisdicción penal internacional que expresamente regula el Convenio de Ginebra y la Convención de Naciones Unidas. 

Sin embargo, en el escrito presentado ayer ante Andreu la fiscal se refiere al “Canje de Notas” suscrito en marzo pasado entre la UE y Kenia para establecer las condiciones por las que ese país va a recibir y enjuiciar a los presuntos piratas capturados por la Fuerza Naval de la Unión Europea (Eunavfor) en la operación Atalanta. 

Para Andreu, esta decisión “no afecta ni puede afectar” a personas que se encuentran inmersas en un procedimiento judicial abierto por la jurisdicción española”, y añade que de entregarlos a Kenia “se quebrantarían los principios constitucionales básicos del proceso y las garantías de quienes al mismo se ven sujetos”. 

“Por imperativo legal, y en absoluta disconformidad con el criterio que este juzgado habría mantenido, dada la gravedad de los hechos que se imputan a los detenidos, la indiscutible competencia de este órgano judicial y de la jurisdicción española para su enjuiciamiento, y el no previsible, sino absolutamente probable riesgo de fuga (...), no cabe otra medida que acordar la libertad provisional de los detenidos”, concluye el magistrado.