El Gobierno aprobó ayer en Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de financiación de RTVE, que renuncia a la inclusión de publicidad y prevé aportaciones del Estado, de las televisiones comerciales y del sector de las telecomunicaciones. 

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció que con este anteproyecto de ley culmina el proceso de reforma de los medios estatales y se deja claro su papel en el escenario audiovisual. 

Una vez en vigor la ley, RTVE se financiará con recursos públicos exclusivamente, gran parte por la aportación del Estado por sus obligaciones de servicio público. 

El resto, se hará mediante la aportación de un 3% de los recursos de aquellos operadores que emitan en todo el Estado o en más de una comunidad autónoma y por los operadores de telecomunicaciones con un 0,9%. 

Además, RTVE percibirá el 80% de lo recaudado por la tasa sobre reserva de dominio radioeléctrico, recogido en la Ley General de Telecomunicaciones, y por el ejercicio de sus actividades y la comercialización de sus productos. 

Los ingresos públicos solo servirán para financiar actividades de servicio público y no podrán ser utilizados para pujar con otros competidores por derechos de gran valor. 

Sólo se podrá utilizar el 10% para la adquisición de derechos deportivos, con exclusión de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y un 20% para invertir en cine español. 

La ley, dijo la vicepresidenta, refuerza el carácter de servicio público y obliga a RTVE a dar cabida a los grupos políticos y sociales, a retransmisiones de los principales debates parlamentarios, programas infantiles y debates electorales. También debe permitir el acceso de personas con discapacidad y el apoyo a la producción audiovisual europea. 

Este anteproyecto de ley “afianza el modelo de una RTVE pública mayoritaria, sostenible e independiente, que clarifica el panorama de la televisión en España”, dijo De La Vega, y anunció que la Ley General Audiovisual vendrá a complementar esta tarea. 

Sobre la viabilidad de este modelo, dijo que la BBC tiene “mucho éxito” porque “el éxito de la calidad no está relacionado con tener o no tener publicidad, sino con tener un modelo definido y contar con recursos suficientes para hacer una buena televisión”. 

Respecto a la posibilidad de que los ciudadanos acaben pagando la financiación, aseguró que el Gobierno “velará por los derechos de los ciudadanos” como lo hace por las empresas “que se benefician de rebajas”, puntualizó.

Reacciones 

La Unión de Televisiones Comerciales (Uteca) ha mostrado su satisfacción por la eliminación de la publicidad en TVE y valora que, por primera vez un Gobierno –con mención especial al presidente y la vicepresidenta del Gobierno porque han sido los que han tenido más constancia– decida ir a un modelo de televisión pública homologable con otros países europeos como Francia o Reino Unido. 

Por su parte, la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) ha expresado su desconfianza en que las televisiones privadas vayan a financiar la televisión pública, ya que, en términos generales, “no se caracterizan precisamente por su defensa de una televisión pública fuerte”. 

En un comunicado de prensa, la asociación valora las “buenas intenciones del Ejecutivo para mantener la televisión pública estatal en sus actuales niveles de actividad y recursos” pero advierte de que el modelo de financiación de TVE diseñado por el Gobierno dependerá “a medio y largo plazo de la voluntad de los operadores privados”.

Las televisiones privadas no se han quejado todavía porque se beneficiarán del reparto de “la tarta publicitaria” de TVE.

Sin embargo, “una vez metabolizado ese beneficio, serán las propias privadas las que se resistan a seguir subvencionando la televisión pública en años venideros, tal y como se resisten a aportar la cuota de ingresos que actualmente deben destinar por ley al cine”, augura el comunicado.

Además, la AUC pronostica que en los próximos años las televisiones privadas “intentarán influir para que la programación pública se circunscriba a programas minoritarios, o directamente, para que las autoridades les subvencionen a ellas la emisión de una cuota de programas de servicio público, sin necesidad de mantener cadenas específicas que gestionen ese servicio”.

“Los usuarios conocemos de sobra el poder e influencia de los operadores privados a la hora de conseguir determinadas modificaciones legales a lo largo de diferentes legislaturas, por lo que nuestra preocupación en este sentido está plenamente justificada”, explica la nota.

Por su parte, los operadores de telecomunicaciones ya han mostrado su oposición a esta medida y han amenazado con imputar dichos costes a los usuarios finales, recuerda la AUC.