Camps pide la suspensión del procedimiento contra él

Publicado: 15/07/2009
El president de la Generalitat, Francisco Camps, solicitó ayer la suspensión del procedimiento judicial abierto contra él por un delito de cohecho relacionado con la trama corrupta vinculada al PP, el denominado caso Gürtel, hasta que se resuelva el recurso de apelación contra su imputación.
El president de la Generalitat, Francisco Camps, solicitó ayer la suspensión del procedimiento judicial abierto contra él por un delito de cohecho relacionado con la trama corrupta vinculada al PP, el denominado caso Gürtel, hasta que se resuelva el recurso de apelación contra su imputación.

El letrado Javier Boix formuló esta petición en representación de Camps durante la comparecencia previa celebrada por esta causa en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), a la que el jefe del Consell ha rehusado asistir.

En esta misma audiencia, los abogados del secretario general del PPCV, Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret –todos ellos imputados por el mismo delito que Camps– solicitaron también la suspensión del procedimiento hasta que se resuelvan sus respectivos recursos.

La comparecencia estaba prevista para las 10.30 horas pero antes, el juez instructor de la causa, José Flors, hizo público un auto en el que rechazaba imputar a los supuestos cabecillas de la trama Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, tal y como pedía la Fiscalía Anticorrupción.

Flors argumentó que los tres “forman parte, en su conjunto, del objeto más amplio de otro proceso” que tramita el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Al respecto, recordó que los supuestos cabecillas –dos de ellos, Correa y Crespo, encarcelados– fueron imputados por el TSJM como responsables de “un entramado societario”, y también por haber obsequiado con dádivas “a algunas autoridades o funcionarios en distintos lugares”.

Esta “causa principal” prosigue su propio curso “respecto a todos los demás hechos por los que fue abierta”. De esta forma, la investigación de Valencia queda circunscrita al delito de cohecho que podrían haber cometido los cuatro cargos públicos valencianos.

Flors precisó que para poder atender la petición de la Fiscalía se debería, en primer lugar, obtener la inhibición del TSJM en favor del Tribunal valenciano, y después que la Sala de lo Civil y Penal de éste aceptase la competencia y acordara la acumulación de hechos.

Tras dar traslado de esta resolución a las partes implicadas, el juez dio comienzo a la vista previa otorgando la palabra al Ministerio Público y a la acusación popular –ejercida por el PSPV–, las cuales concretaron los hechos imputables y solicitaron la práctica de nuevas diligencias.

Posteriormente, los letrados de los cuatro imputados pidieron que se suspenda el procedimiento hasta que la Sala de lo Civil y Penal resuelva sus respectivos recursos de apelación.

Según fuentes del TSJCV, el juez instructor dictará en los próximos días una resolución en la que se pronunciará sobre las peticiones formuladas por las partes.

Al concluir la vista, que se prolongó durante una hora y cuarto, los letrados abandonaron el Palacio de Justicia sin hacer declaración alguna a la prensa.

También esperaba un grupo de unas quince personas disfrazadas con orejas de burro y narices de Pinocho que han desplegado una pancarta con el lema “No a la corrupción, Camps dimisión”.

Rajoy niega que Bárcenas le haya chantajeado

El presidente del PP, Mariano Rajoy, aseguró ayer que el tesorero del partido, Luis Bárcenas, “no le ha chantajeado” y dejó claro que una de sus “pocas virtudes” como político, ya acreditada a su juicio, consiste en que no acepta “chantajes ni presiones” de nadie.

Además de negar chantajes o presiones de quien es el tesorero del PP, el presidente de los populares también negó que Bárcenas se haya llevado cajas con documentos. “No me consta”, dijo.

Tras un tiempo de silencio, Rajoy habló ayer sin evasivas de la investigación al tesorero del PP por el Supremo, que en el marco del ‘caso Gürtel’ podría atribuirle delitos de cohecho y fraude fiscal.

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